El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, explicó ayer el aumento del gasto en conciertos con centros privados en el nuevo marco que ha impulsado (subida que el PSOE denuncia que alcance una media del 60%) porque, al mismo tiempo, los técnicos han cuadruplicado las exigencias a las clínicas privadas para poder lograr esos conciertos, sobre todo en los del bloque II, los de hospitalización de media y larga estancia.
Baltar esgrimió este argumento ante una comparecencia solicitada por la socialista Patricia Hernández, quien le censuró lo que, a su juicio, es un claro caso de favoritismo hacia la sanidad privada y, en concreto, a la empresa San Roque, de Gran Canaria, de la que procede el consejero.
Sin vincularlo a ninguna visión insularista, Hernández censuró que, por diversos conceptos, las camas privadas a concertar en Gran Canaria sean casi 500, mientras que, en Tenerife, solo 27. Como Podemos, esto lo relacionó a la mayor presencia previa de la concertada en Tenerife, pero considera injustificable el desfase desde un punto de vista sanitario y cree que solo obedece a los intereses de ciertas empresas, principalmente de la que proviene Baltar. Además, denunció el retraso del expediente durante un año, que el concurso lo firme el consejero de Agricultura, aunque no las condiciones para la participación, que las operaciones fáciles sean las que más se derivan a la privada y que lo gastado en intervenciones quirúrgicas concertadas creciera en 8,5 millones en 2017, "más que en la pública y la mitad de esos 16 millones con los que dijo que arreglaría las listas de espera".
Aunque sin tanta crítica, Zacarías Gómez (PP) sí considera que sería bueno que un informe jurídico despeje cualquier duda sobre la compatibilidad de Baltar en este concurso. Por su parte, Román Rodríguez (NC) anunció que pedirá otra comparecencia del consejero, tampoco comprende el desfase y alertó de la privatización de servicios básicos. En una línea similar, pero mucho más duro, se mostró Juan José Márquez (Podemos), si bien le advirtió al PSOE de que no valen mucho sus críticas de ahora si, "en 2019, vuelven al redil de CC". ASG no comprende algunos de los cambios y cree que la concertada ha vivido "una foto fija".
En sus dos intervenciones, Baltar subrayó que se abstuvo en gran parte de este expediente por considerarlo incompatible con su anterior actividad privada, aunque aclaró también que, por consideración técnica, sí lo hizo sobre las condiciones. En la misma línea, achacó los cambios de precios a los funcionarios, "los mismos que trabajaban con Morera, del que nunca hablaré mal". Como Baltar, Taño (CC) cree que el PSOE solo siente envidia por la bajada de las listas de espera.
El pleno de ayer comenzó con otra comparecencia de Baltar, esta vez a petición de Mario Cabrera (CC), muy preocupado por garantizar los profesionales sanitarios las dificultades para cubrir los MIR y mantener a los médicos y enfermeros, sobre todo en las islas menores. El consejero, como ha hecho otras muchas veces, compartió la preocupación, aunque también se mostró optimista porque canarias ha logrado cubrir gran parte de las plazas en 2016 (268 de 287, con 234 médicos) y 2017, cuando, de las 303, se cubrieron 300. Además, adelantó que, en 2018, se convocarán 25 plazas más, con un total de 328, de las que 253 serán para médicos, 45 para enfermería, 7 de farmacia, 4 de psicología y 3 de radiofisiología. Baltar confía en que se logre este año un éxito similar en su cubrición, si bien insistió en la necesidad de que, a escala estatal, el plan para cubrir jubilaciones y plazas vacantes no sea a 3, 4 o 5 años, sino a 15 o 20 porque, entre otras cosas, se necesita una media de 8 años para homologar los títulos. Todos los grupos, pero especialmente Podemos, NC y PSOE, alertaron de la contradicción que supone formar a muy buenos profesionales y no poder impedir que se vayan fuera por las mejores condiciones laborales o las dificultades para lograr vivienda en islas menores a buen precio. Incluso el PP abogó por buenos contratos y otros incentivos para evitar la emigración de profesionales de Canarias, y más de las Islas no capitalinas. Como salida, Baltar insiste en la necesidad de preautorizaciones a las regiones, por ejemplo, para 30 plazas especializadas perentorias.
A final de mes, la lista del alquiler de viviendas
La consejera del área social, Cristina Valido, anunció ayer que, si bien hoy o en las próximas jornadas, se hará pública la lista provisional de los beneficiarios de las ayudas al alquiler de vivienda de la convocatoria del pasado agosto, será a finales de este mes cuando se disponga del listado definitivo, con lo que, desde la primera semana de mayo, comenzarán los pagos. Valido hizo este anuncio tras una petición de comparecencia por parte de Josefa Luzardo (PP), quien volvió a criticar la gestión de CC en el ámbito social. La diputada conservadora censuró que la convocatoria saliera en agosto y que solo se dispusiera de 10 días, frente a Murcia, que también lo sacó en ese mes pero dio 30 días. A su juicio, esa fue una de las claves de que, frente a los 14.000 solicitantes de la convocatoria previa, en esta ocasión solo se registraran unos 6.800. Luzardo lamenta que se tarde 10 meses para cobrar y compara también con los datos existentes en Madrid o Castilla León. Valido le criticó por hacer comparativas con regiones con mucha mejor financiación, le recordó, de nuevo, los recortes del PP, justificó lo hecho por el PSOE en este departamento precisamente por las limitaciones dinerarias y, en respuesta a NC, afirmó que una de las razones de que haya la mitad de peticiones es que las ayudas (de un máximo de 2.100 euros anuales) llegan a un número reducido y crean mucha frustración. Además, recalcó que no había más opción que sacarla en agosto, dado que el plazo era octubre. El PSOE, por su parte, reclamó un plan para este tipo de ayudas.
Apoyo a un plan de becas para una segunda lengua
Entre las diversas propuestas no de ley (PNL) abordadas y aprobadas en el pleno de ayer, se incluyó una defendida por Luz Reverón (PP) que plantea la elaboración y desarrollo de un plan de becas que ayude a los universitarios en las Islas a obtener la acreditación necesaria sobre un nivel intermedio en una segunda lengua. Pese al respaldo del resto de grupos, Reverón no escatimó algunas críticas a lo ocurrido hasta ahora sobre esto en Canarias. Según recordó, y en el contexto del anuncio del presidente Clavijo de que, en 2030, se pretende que toda la educación en el Archipiélago sea bilingüe, recordó que el anterior presidente, Paulino Rivero, ya dijo que las Islas serían bilingües en 2020. A su juicio, está muy claro que eso no se va a cumplir.