Santa Cruz de Tenerife

El bono social de la luz llega a más de 100.000 personas en las Islas

El Gobierno diseña un nuevo convenio con la Fecam para hacer frente a los requisitos del Estado, pero sigue denunciando que el nuevo real decreto "invade competencias".
S.E. (@sarayencinoso), S/C de Tfe.
15/abr/18 6:30 AM
Edición impresa
El bono social de la luz llega a más de 100.000 personas en las Islas

Un total de 103.537 personas residentes en el Archipiélago se benefician del "bono social" de la luz, según datos recabados por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda a través de las compañías eléctricas y a fecha de 31 de marzo de este año.

El bono social es un descuento en la factura de la luz que en la actualidad se encuentra regulado por el Gobierno estatal y pretende proteger a los hogares considerados vulnerables.

Con la entrada en vigor en octubre de 2017 del Real Decreto 897/2017 han cambiado los requisitos para tener derecho al bono social y se ha incorporado una nueva categoría en el colectivo de suministros de energía eléctrica que tienen carácter de esenciales. En estos momentos está vigente la prórroga de seis meses adoptada por el Estado para incorporar el nuevo modelo.

Existen distintos tipos de bono social ,atendiendo a la problemática y a la tipología de cada familia. Así, se tienen en cuenta aspectos como la presencia de personas con discapacidad, si la familia es numerosa o la falta de ingresos.

El Gobierno central estableció recientemente una nueva forma de regular este bono, a través de un real decreto, lo que ha generado una gran confusión en los ejecutivos de las comunidades autónomas, entre ellas la canaria.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ido más lejos y ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo (TS), que ya ha sido admitido a trámite y con el que esperan paralizar este modelo de aplicación.

El viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno regional, Francisco Candil, insistió a este periódico en que "la gestión de este bono social estaba ya perfectamente regulado en Canarias, a través de los ayuntamientos y con apoyo financiero del Ejecutivo", y que el nuevo modelo "lo único que hace es generar confusión".

El real decreto ha obligado al Gobierno canario a diseñar un nuevo protocolo con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) -el actual está vigente hasta noviembre- que se espera firmar en las próximas semanas. Para ello, ha creado una comisión con la participación de las consejerías de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, así como del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza y de la Fecam.

Una de las novedades de esa normativa es que aparece "la figura del usuario muy vulnerable", que puede recurrir al 50% de la subvención. El problema es que "la orden que desarrolla el decreto del estado establece que la Comunidad Autónoma, a través de los ayuntamientos porque no puede ser de otra manera, debe aportar un informe para certificar esa extrema vulnerabilidad". "En este caso, las compañías nos envían unos listados de impagos de personas y somos nosotros quienes tenemos que comprobar si están en una situación vulnerable o no", se queja Candil.

"Todas las comunidades han dicho que eso atenta contra las normativas de protección de datos. Somos una especie de oficina de cobros para certificarle a la compañía cada cosa. Ahí hay una pelea grande, de todas las comunidades con independencia del color político".

Para poder conocer el impacto económico que esta nueva regulación puede tener en las arcas de la Comunidad Autónoma, la Consejería ha solicitado las cifras de los usuarios actuales de este bono, que hasta la fecha desconocía porque no había sido facilitada por las empresas.

Este tipo de ayudas se impulsaron tras las reivindicaciones para luchar contra un nuevo tipo de pobreza, la energética, que se puso en evidencia con la crisis económica.