El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer los nuevos pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares, de acuerdo con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos.

Los pliegos persiguen, entre otros objetivos, favorecer la estabilidad laboral, por lo que tendrán en cuenta el mayor número de personas que, adscritas a la realización del objeto del contrato, sea directamente por la empresa principal o por la subcontratada, tengan suscrito un contrato laboral indefinido.

En este sentido, se recogen los pliegos tipo correspondientes a los procedimientos de ejecución abierto, simplificado, simplificado sumario, negociado con y sin publicidad correspondientes a obras, servicios y suministros.

La reciente entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las nuevas directivas comunitarias sobre contratación pública, ha hecho necesario revisar íntegramente los pliegos tipo en vigor en las Islas, recuerda el Ejecutivo regional a través de un comunicado.

Esta revisión del marco jurídico vigente en materia de contratación administrativa dará la posibilidad a la Comunidad Autónoma de incrementar la eficiencia del gasto público mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

Así, los pliegos buscan favorecer también las condiciones laborales de los trabajadores previstas en el ordenamiento jurídico vigente que resulte de aplicación al personal laboral adscrito a la empresa según el contrato que se ejecute.

Otro de los objetivos principales que se pretende alcanzar con la nueva normativa, que se publicará los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), es facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.

Los nuevos pliegos tipo serán de aplicación a partir de su publicación en el BOC, con la excepción de los aprobados con anterioridad a esa fecha. Las referencias contenidas en los pliegos respecto a plazos, cuantías, porcentajes y citas de normativa actualmente vigentes quedarán automáticamente actualizadas cuando sean modificadas por disposiciones anteriores, puntualizó ayer el Gobierno autonómico.

otros asuntos RTVC. La portavoz y consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, confió ayer que el Parlamento regional garantice el futuro laboral de los 300 trabajadores de Radio Televisión Canaria e indicó -en declaraciones tras la reunión del Consejo de Gobierno recogidas por Europa Press- que el problema debe resolverse en este ámbito.

Barnier, en Canarias. El consejero de Economía, Pedro Ortega, anunció que el negociador especial de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha confirmado su asistencia en la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas que tendrá lugar en noviembre en el Archipiélago.

Atención a la infancia. El Consejo de Gobierno de Canarias inició los trámites para la modificación de la ley de atención integral de los menores.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias y su envío al Parlamento autonómico para su debate y aprobación.

Este proyecto pretende adaptar la normativa canaria a la legislación básica del Estado y es fundamental para la celebración de las elecciones de renovación de los plenos de las cámaras canarias, que deben celebrarse este año, indicó el consejero de Economía, Pedro Ortega, tras la reunión semanal del Ejecutivo.

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias ha redactado una lista de evaluación, en la que se analiza el impacto normativo y financiero de la nueva ley, así como el impacto de género y empresarial, informa Efe.

Con el nuevo documento normativo, el Gobierno quiere que las cámaras formen parte de la estrategia operativa que pretende llevar a las empresas de las Islas a una mayor internacionalización y a adaptarse a la globalización. Así, el Ejecutivo aporta financiación a las cámaras para la realización de determinadas actuaciones de fomento empresarial y empleo.