Por una vez en mucho tiempo, aunque con muchos matices y diferencias, en algunas cosas, profundas, los seis grupos del Parlamento de Canarias votaron ayer por unanimidad algo relativo a la Radio Televisión Canaria (RTVC). Desde el principio del debate en el último punto del pleno, se notó que se había izado la bandera blanca y, al final, las dos propuestas de ley que ayer comenzaron su trámite en la Cámara fueron respaldadas, si bien se trata solo del paso obligatorio e inicial para que pueda haber enmiendas y una pretendida aprobación final. Eso sí, el espíritu del debate, en contraste con lo vivido en los últimos años con el ente, fue de tregua y búsqueda de consenso, lo que se intentará fraguar en un texto común que sea avalado por el Consejo Consultivo y los órganos que se crean necesarios.

A la sesión plenaria habían llegado dos propuestas de ley con la finalidad de modificar la normativa que, desde 2014, rige la RTVC. La primera la presentaron de forma conjunta CC, PP y ASG, y la segunda, el PSOE. El debate se unificó y, desde la primera intervención, a cargo de Melodie Mendoza (ASG), quedó claro el esfuerzo por la búsqueda de un acuerdo final. Un pacto que no solo termine con los convulsos meses últimos en las comisiones y plenos en los que se han abordado cuestiones relativas al ente, sino que dé seguridad, tranquilidad y solvencia de futuro a la RTVC y a las 700 familias que, de momento, dependen de ella de forma directa (unos 300 trabajadores) o indirecta.

La primera pista la dio la propia Mendoza, al elogiar algunos apartados del texto propuesto por el PSOE. Luego, Luz Reverón (PP) también abogó por salvar las diferencias y las críticas a lo ocurrido hasta ahora y defendió un modelo que, básicamente, consiste en un director general y una "junta de control" integrada por seis profesionales que tendrán mucha ascendencia en decisiones claves sobre las cadenas.

José Miguel Ruano (CC) reforzó la tregua al apelar a la necesidad de un texto híbrido, enriquecido con las enmiendas que se presenten ahora y de consenso máximo que, además, sea respaldado por el Consultivo en su momento.

Por el PSOE, Loly Corujo comenzó subrayando que, lejos de lo que se ha temido o deslizado hasta ahora, que convenía un cambio de modelo, al final se va a lograr reimpulsar el existente. Eso sí, y aunque anunció pronto el apoyo de su grupo a la otra propuesta, prefiere que haya un consejo de administración (así llamado, y no junta de control) mucho más amplio. Tanto que, según Juan Márquez (Podemos), estaría aún más marcado políticamente porque también habría miembros elegidos por los cabildos y otras instituciones. Para Corujo, además, la propuesta del PSOE sí evita la laguna de qué se hace mientras no exista reglamento, algo que cree que falta en la otra iniciativa.

Márquez fue, sin duda, el más crítico. Dejando claro su apoyo a los trabajadores, teme que el texto consensuado no garantice como debe que los informativos sean públicos, sobre todo porque el PSOE no se opone a posibles externalizaciones. En una línea similar se mostró Román Rodríguez (NC), quien subrayó, sobre todo, que los males no han estado en el modelo ni en la ley, sino en cómo se ha dirigido el ente.