Canarias

El Gobierno estudia hacer indefinida la PCI en casos excepcionales

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda intentará que la prestación se pueda prolongar en casos de extrema necesidad y que sirva para complementar contratos o rentas precarias.
S.E. (@sarayencinoso), S/C de Tfe.
6/may/18 6:39 AM
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El objetivo es que la reforma de la PCI entre en vigor en 2019./El Día

S.E. (@sarayencinoso), S/C de Tfe.

Una prestación indefinida en casos excepcionales y que se pueda usar como "complemento" de rentas precarias. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda estudia que la nueva prestación canaria de inserción (PCI) pueda ampliarse de manera permanente en situaciones de vulnerabilidad extrema y que sirva para completar salarios y pensiones insuficientes.

Estas mejoras, planteadas por los sindicatos, han sido consensuadas con la Administración y la patronal en la mesa de concertación social creada hace unos meses para reformar la PCI y conseguir que sea una "prestación eficaz".

La Consejería de Políticas Sociales abona cada mes alrededor de 8.500 nóminas, algunas unipersonales y otras, de mayor cuantía, para familias, pero es consciente de que hay ciudadanos que no pueden acceder a la ayuda, a pesar de que la necesitan. El debate está en torno a qué perfiles urge mejorar y cuánto cuesta esto a la Administración.

La PCI es una ayuda para personas en situación de exclusión social que se puede solicitar un máximo de dos años y que está sujeta a requisitos que limitan su efectividad. El objetivo de este recurso, como indica su nombre, es que los beneficiarios retornen al mercado laboral, por lo que el beneficiario recibe una prestación y, al mismo tiempo, se compromete a cumplir un itinerario de empleo.

La ley que habilita este recurso se aprobó en enero de 2007, pero los sindicatos han advertido en numerosas ocasiones de que la crisis y la diversidad de hogares y demandantes hacen necesaria una reforma de la ayuda, de manera que puedan acceder a ella más individuos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, aquellos que tienen algún tipo de ingresos (pensión o contrato) que no son suficientes para subsistir.

Para saber cuál es la demanda real, la Consejería ha solicitado a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) una estimación de los potenciales usuarios. "Nosotros tenemos cifras de los expedientes resueltos que abonamos, pero la demanda está en el ámbito municipal. Los ayuntamientos son los que realmente saben el montante de gente en exclusión y que necesitan la PCI. Esos datos se le han pedido a la Fecam y están trabajando en ello para aportarlos al Gobierno", explicó a este periódico la directora de Políticas Sociales, Reyes Herníquez.

Los sindicatos han presentado ya sus propuestas y la Confederación de Empresarios ha formulado sus alegaciones. Ahora es el turno del Ejecutivo. "Estamos preparando la contrapropuesta que consensúa aportaciones de los sindicatos y de los empresarios, además de las cosas que desde el Gobierno entendemos que habría que mejorar".

El borrador del Gobierno tiene que recoger todo lo que se ha consensuado en las mesas, además de incluir una memoria económica. "Hay que valorar cuánto cuesta mejorar esos perfiles y cuánto cuesta aumentar el personal, tanto en ayuntamientos como en la Comunidad Autónoma, y ver si es asumible en la disponibilidad de crédito que pueda haber para 2019 y en adelante", explica Henríquez.

"¿En dónde están las líneas de consenso? Se ha acordado hacer el estudio para ver qué supone que se pueda declarar la PCI indefinida en situaciones excepcionales para colectivos en alta precariedad y exclusión, hasta que puedan mejorar sus condiciones de vida o se puedan insertar laboralmente", explica.

Además, el Gobierno también baraja otras excepcionalidades, como que "la Prestación Canaria de Inserción sea compatible con rentas de contratos parciales precarios" -es decir, "que un trabajador que esté cobrando poco pueda completar sus ingresos"- y que las personas divorciadas con hijos a su cargo (sobre todo mujeres) puedan solicitar la ayuda a pesar de recibir una manutención". En este perfil "compensador" de la PCI también entrarían, por último, los pensionistas que reciben rentas muy reducidas, incluidos los canarios retornados de países de otros países, no solo venezolanos, que cobran pensiones "muy residuales al cambio".

La situación de los pensionistas canarios retornados de Venezuela es un tema que, por su gravedad, ha tenido que ser abordada por la Consejería. El Gobierno de Canarias aprobó en los presupuestos de 2018 una ayuda equivalente a una pensión no contributiva para estos jubilados, que no reciben la pensión de su país. Todavía no se ha hecho efectiva, pero el montante total se recibirá en una sola ayuda una vez que terminen los trámites entre la Fecam y el Ejecutivo.