Canarias

Canarias aporta 22,9 millones de euros para el Plan de Vivienda

Las actuaciones conveniadas con el Estado se desarrollarán hasta el año 2021 El Gobierno amplía los sectores declarados prioritarios para la contratación de personal temporal.
El Día, S/C de Tenerife
15/may/18 6:19 AM
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El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó ayer un gasto de 22,9 millones de euros con el que la Comunidad Autónoma sufragará su parte del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

El montante previsto se distribuirá de la siguiente forma: 5.565.000 euros en 2018; 5.676.300 euros en 2019; 5.787.600 euros en 2020 y 5.914.800 euros en 2021, siendo el global 22.943.700 euros.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 prevé una serie de programas de ayudas, que serán cofinanciados por la Comunidad Autónoma de Canarias, entre ellos el programa de ayuda al alquiler, el de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, el programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas; el de fomento de la regeneración y renovación urbana (ARRU) y rural y el programa de ayuda de alquiler para jóvenes.

Otro de los acuerdos adoptados ayer por el Gobierno de Canarias fue el de cubrir las necesidades "urgentes e inaplazables" de los puestos de trabajo, funciones, categorías profesionales o centros directivos para "poder prestar un mejor servicio a la ciudadanía a través de la eventual contratación excepcional de personal laboral temporal y nombramiento de funcionarios interinos".

Si bien en la actualidad se está procediendo a la ejecución de las pruebas selectivas de las ofertas de empleo público vigentes y se están implementando otras medidas que frenan la pérdida de efectivos producida en los últimos años como consecuencia de las restricciones presupuestarias, "tales procesos requieren un tiempo de ejecución y resolución, lo que exige, por tanto, adoptar medidas excepcionales y transitorias que garanticen la cobertura de los servicios públicos", informó el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, en un comunicado.

Así, el Gobierno aprobó ayer la declaración con carácter prioritario de determinados sectores y puestos de trabajo en las direcciones generales de Patrimonio y Contratación, Transportes, Relaciones con la Administración de Justicia -salvo apoyo a jueces y fiscales, ya declarado prioritario- e Infraestructuras Turísticas, los servicios de Gestión de Políticas Sociales de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, Sanidad Animal y Laboratorio, Procedimiento y Arbitraje de la Dirección General de Comercio y Consumo, el Instituto Canario de Igualdad -excepto el Servicio de Coordinación del Sistema Integral contra la Violencia de Género, ya declarado como sector prioritario- y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

más acuerdos

Transferencia al ITC. El Ejecutivo aprobó ayer, en Consejo de Gobierno, una transferencia de crédito de 400.000 euros al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para ejecutar nuevas inversiones que le permitan ampliar los servicios tecnológicos que ofrece y mejorar su capacidad para hacer frente al desarrollo de proyectos de I+D+i en consonancia con la evolución de las nuevas tecnologías.

Explotaciones ganaderas. El Gobierno legalizó ayer tres nuevas explotaciones ganaderas, situadas en Gran Canaria, Lanzarote y La Palma, con lo que ya se han legalizado 18 en lo que va de año.

Nuevo BIC. El Roque Bentayga, Roque de Cuevas del Rey y Roque Narices, en Tejeda (Gran Canaria), una unidad conocida como Sierra del Bentayga, fue declarada por el Ejecutivo Bien de Interés Cultural.

El Consejo de Gobierno elevó ayer al Consejo Consultivo el proyecto de decreto por el que se regulan las medidas para la aplicación de las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de Protección Civil en playas y otras zonas de baño marítimas.

El Ejecutivo ha decidido solicitar al Consultivo la tramitación de urgencia, que fija un plazo máximo de 15 días para emitir dictamen, con el objeto de que el decreto pueda entrar en vigor antes de que comience el verano.

Esto facilitará -indica el Gobierno- que los municipios costeros puedan empezar a aplicar algunas de las medidas concretas de protección y prevención que recoge la nueva normativa para proporcionar mayores cotas de seguridad a los usuarios de las playas y zonas de baño de las Islas, sin perjuicio de que la total implementación de la norma se produzca progresivamente en el plazo máximo de cuatro años.

Las playas se clasificarán como libres, peligrosas o de uso prohibido. En las playas peligrosas o libres se determinará el grado de protección para cada una de las temporadas de afluencia, que podrá ser bajo, moderado o alto.