La consejera regional de Servicios Sociales y Vivienda, Cristina Valido, admitió ayer, en una comparecencia en comisión solicitada por el PSOE, que la política de Vivienda en Canarias se encuentra en la actualidad prácticamente como si partiera de cero. Como anticipándose a las previsibles críticas de la socialista María Teresa Cruz Oval por la descoordinación que aprecia en los distintos órganos del departamento (Visocan, Icavi y el Registro Público de Vivienda), Valido subrayó que esta triste situación no tiene un consejero o director concretos como culpables, sino que se debe a la crisis y a la parálisis vivida en esta materia en el ámbito público en los últimos diez años, así como por la pérdida de convenios e inversión estatal.
La responsable del área recordó que tanto la construcción de casas públicas como la rehabilitación han estado casi paradas en este decenio. Además, aludió a la deuda que seguían acumulando la consejería y algunos de esos órganos, sobre todo por los créditos ICO. Sin embargo, remarcó que, en 2017, acabaron por zanjar los préstamos y que esto, junto a la mejoría económica, la recuperación de financiación estatal y de convenios, ha permitido comenzar a reactivar las reformas en algunas zonas.
Asimismo, insistió en que también empiezan a dar los primeros pasos en construcción de nuevas casas, aparte de recalcar el esfuerzo que realizan para elaborar un nuevo plan de vivienda que sustituya, actualice y mejore el de 2012.
Sus explicaciones, sin embargo, no convencieron, en casi nada (salvo en lo de la afección de la crisis), a Cruz Oval. Para la diputada del PSOE, así como para Noemí Santana (Podemos) y, en parte, para Luis A. Campos (NC), sí existe una clara descoordinación entre los tres organismos. Los socialistas censuran, sobre todo, la falta de trabajadores sociales que determinen las necesidades en cada caso, así como que no se dé casi respuesta y se haga un mal uso del registro.
NC lamenta que se haya desperdiciado el Fdcan y no se destinara, al menos, de 5 a 10 millones para Vivienda, al tiempo que advirtió sobre los alquileres. Podemos recordó que hay una demanda de casas sociales de 13.000 familias y pidió a CC que arregle esto con el presupuesto estatal, mientras que Josefa Luzardo (PP) cree que se debería aglutinar los órganos en una sociedad anónima, preguntó por las VPO vacías y el censo, así como por las peticiones de alquileres.
Valido recordó la falta de personal, calificó la coordinación de "adecuada", dijo que casi no hay ni una vivienda vacía y que, a finales de este mes, saldrá la lista de solicitudes de alquileres.
En una segunda comparecencia, en este caso pedida por NC, Valido intentó detallar cómo se encuentra, cinco meses después, el acuerdo sobre concertación social y laboral firmado en enero. Lo intentó e insistió en las dificultades para desplegarlo con más agilidad y en las múltiples circunstancias diferentes que incluye. No obstante, el diputado impulsor del punto, Luis Alberto Campos, y otros, como Santana (Podemos), se centraron básicamente en lo que entienden como una necesidad perentoria en Canarias por sus cifras de exclusión social: que se instaure una renta básica. Según estos grupos, no solo no se puede tolerar ese porcentaje del 44% de pobreza, sino que muchos isleños no lleguen a 400 euros mensuales de ingresos. Por eso, y aparte de exigir al Estado el aumento de las pensiones (contributivas o no), y de otras políticas sociales, laborales y económicas, creen necesaria una renta que aplican regiones con mucha menos pobreza, como el País Vasco, o en situaciones similares, como Andalucía. El PP rechazó, de nueva, la idea y Valido reiteró que CC no apuesta por una renta así, aunque sí por reforzar y extender en lo posible la Prestación Canaria de Inserción (PCI).