La responsabilidad social de las empresas ha dejado de ser una concesión o un gesto para convertirse en una necesidad y, en el caso de la contratación pública, en una obligación. La sede de Presidencia del Gobierno en Tenerife acogió ayer la primera Convención Canaria de Economía Social y Centros Especiales de Empleo, una cita que busca "cambiar la mirada social" sobre el empleo de las personas con discapacidad -según Vidina Cabrera, presidenta de la asociación que agrupa en las Islas a estas entidades- y que también funciona como llamada de atención sobre la creciente demanda de que las empresas se comporten de forma social y medioambientalmente responsable.
El viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno regional, Francisco Candil, advirtió -durante la primera mesa redonda del encuentro, dedicada precisamente a la responsabilidad social corporativa (RSC)- de que "la Administración va a empezar a tener en cuenta las relaciones laborales de las empresas con los trabajadores y cómo desarrollan las políticas de sostenibilidad" a la hora de la adjudicación de obras y servicios públicos. Según Candil, el impacto de estas políticas de responsabilidad "va a ir a más".
La mesa redonda estuvo precedida por la inauguración de la convención, en la que la presidenta de la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo expuso la necesidad de "cambiar el foco" y dirigirlo hacia "el talento y las capacidades" para el trabajo de las personas con discapacidad y, de esta manera, "construir una sociedad más inclusiva".
La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, destacó "el esfuerzo enorme" que se ha hecho para avanzar en la integración laboral de las personas con discapacidad, mientras que el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, recalcó que "no hay mayor posibilidad de integración" del colectivo que el empleo.