Podemos Canarias ha vuelto a exigir la inclusión de la sanidad penitenciaria en el Sistema Canario de la Salud (SCS). Una demanda que, como afirmó el partido, se ha venido realizando al Estado "desde hace más de 30 años".
Todo surge a raíz de una denuncia realizada por el personal profesional sanitario que trabaja en prisiones, quienes, según Podemos, afirman que "su labor se ve limitada por los criterios de seguridad, que priman sobre los sanitarios, contrariamente a lo que la legislación establece".
"Es una cuestión de derechos humanos", afirmó la consejera Mila Hormiga, responsable del Área de Sanidad y Salud de Podemos Canarias. La consejera insistió en que la sanidad penitenciaria debería estar integrada en el Sistema Nacional de Salud desde 1986.
El partido recordó que en 2016, el Senado instó al Gobierno central y a las comunidades autónomas a continuar avanzando en las negociaciones para transferir la sanidad penitenciaria, pero lamentó que "nadie quiere asumirlo".
En esta línea, Hormiga también recordó las "múltiples iniciativas parlamentarias", planteadas desde toda la geografía española por los diferentes grupos, para instar al Gobierno "a abrir la negociación y a transferir por fin la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas".
En esta línea, Podemos Canarias también presentó el pasado septiembre una PNL para pedir al Gobierno canario que negocie con el Estado para que el Servicio Canario de la Salud asuma la sanidad penitencia. Algo que, según el grupo parlamentario, podría beneficiar a los más de 3.200 reclusos de las islas.
La propia recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa señala que "la política de salud en el medio penitenciario debe integrarse en la política nacional y ser compatible con ella".
Por su parte, la legislación penitenciaria contempla que a todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población.
Sin embargo, los médicos de prisiones se ven limitados por criterios presupuestarios, de seguridad y de orden regimental y no exclusivamente por los de salud, ya que dependen directamente del Ministerio del Interior. Esto significa, como denunció Hormiga, que "nos podemos encontrar con que la persona profesional de la medicina tiene que obedecer a un superior jerárquico que no es sanitario y priorizar esa obediencia antes que las cuestiones deontológicas de atención al paciente".
"El País Vasco y Cataluña ya han asumido esta responsabilidad, ¿qué pasa con Canarias y el resto de España? Basta de hacernos los locos", espetó la responsable de Sanidad de Podemos Canarias. Y es que, como afirmó, el actual modelo tiene una falta endémica de personal sanitario, un deficiente acceso a los tratamientos médicos y problemas para acceder a los medicamentos del sistema nacional de salud.