Canarias

La ayuda a jubilados venezolanos se pagará entre agosto y diciembre

La convocatoria de la prestación transitoria para emigrantes canarios retornados sufre distintos retrasos administrativos La Consejería abonará la ayuda en un pago único.
El Día, S/C de Tenerife
23/may/18 5:06 AM
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La puesta en marcha de las ayudas a los pensionistas canario-venezolanos se ha retrasado más de lo previsto inicialmente por distintas dificultades burocráticas. Los trámites internos -los ayuntamientos han pedido a la Comunidad Autónoma que resuelva el proceso- y externos -las dificultades para acreditar oficialmente la situación de impago de este colectivo- han demorado el pago de la prestación, que se preveía que se podría solicitar en marzo y que finalmente se cobrará entre agosto y diciembre.

La Unión Canaria Venezolana denunció ayer la situación de necesidad en la que están inmersos los más de mil canario-venezolanos retornados, que no pueden optar a esta ayuda ni a otras -la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o una pensión no contributiva- porque la Seguridad Social venezolana "no acredita" que llevan sin cobrar su pensión al menos desde diciembre de 2015.

Los afectados se quejan de que la Seguridad Social de España no haya emitido un comunicado diciendo que estas personas no cobran ninguna ayuda, algo que pueden certificar a través del Banco Santander, la única entidad autorizada por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) -y que, según los pensionistas, cobra a los usuarios por proporcionarles esa información-.

"Es la pescadilla que se muerde la cola. Ni siquiera haría falta una ayuda específica, bastaría con que estas personas pudieran optar a las que ya existen, como la Prestación Canaria de Inserción. No pueden hacerlo porque en la Seguridad Social aparecen como si siguieran cobrando, cuando todos sabemos que eso no es así", aseguró ayer el vicepresidente de esta organización, José Moisés Fernández Varela. El representante explicó que la entidad de la que forma parte ha hecho todo lo posible por conseguir recursos a través de bancos de alimentos y ONG para atender a los pensionistas que peor lo están pasando, pero que su capacidad es muy limitada.

La Consejería de Políticas Sociales detalló a este periódico que a mediados de abril, cuando estaba previsto que firmara los convenios con los ayuntamientos, la Federación Canaria de Municipios manifestó que las localidades con más pensionistas no serían capaces de realizar este servicio antes de finales 2018, y que debía ser la Consejería quien resolviera y abonara la ayuda, lo que hizo que los convenios volvieran a los servicios jurídicos.

Las mismas fuentes precisaron que en una reunión con asociaciones de pensionistas en abril se plantearon nuevas incidencias relacionadas con el banco autorizado del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, "al dificultar la certificación de la falta de cobro de la pensión".

En este contexto, la Consejería "ha tenido que consultar nuevamente qué documentación se ajusta a derecho para acompañar la solicitud". Finalmente, Políticas Sociales ha establecido que los plazos para las solicitudes los marcarán los ayuntamientos entre 1 junio y 1 de octubre. La Consejería tiene previsto realizar el abono entre agosto y diciembre en un pago único -en lugar de dos - de 5.160 euros.