El Partido Popular ha acusado hoy al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y a su consejero de Cooperación Internacional, Carmelo Ramírez, ambos de NC, de pretender convertir a la institución insular en "en el altavoz político del Frente Polisario".
El PP reacciona de este modo a la nueva convocatoria de prensa realizada por Ramírez en la sede del Cabildo con un representante del Polisario, en este caso con el ministro saharaui de las Zonas Ocupadas del Sahara Occidental, Bachir Mustafá Sayed, para denunciar la violación de derechos humanos por parte del Gobierno marroquí.
Los populares consideran "una grave irresponsabilidad" que Antonio Morales y su consejero "intenten arrogarse competencias en materia de Política Exterior que residen en el Gobierno de España" y les acusa de "jugar a creerse pequeños jefecillos de Estado".
"No es la primera vez que representantes del Frente Polisario son recibidos por Morales y Ramírez en la sede de la corporación insular. Ya en febrero de 2016 fue izada a las puertas del Cabildo la bandera saharaui bajo la presencia del ministro para Europa de la autodenominada República Árabe Saharaui Democrática (RASD)", añaden.
El PP recuerda que en junio del año pasado, Morales, Ramírez y la consejera de su partido Inés Miranda recibieron al representante del Frente Polisario ante la ONU, Bujari Ahmed, y la activista Aminetu Haidar, quienes viajaron a Gran Canaria para ofrecer una conferencia en el Cabildo sobre la situación del Sáhara Occidental.
El grupo popular acusa al equipo de gobierno de Morales (NC, PSOE y no adscritos) de estar "más preocupado por defender los intereses políticos y económicos del Frente Polisario que el interés general de todos los grancanarios, que debería ser su máxima preocupación y su principal prioridad."
También critica que los consejeros de Morales realicen "reiteradas injerencias" en política exterior y lancen "amenazas" a empresas canarias con intereses en el Sahara, a las que someten, a su juicio, a un "intolerable hostigamiento", lo que provoca un "grave perjuicio a la imagen y a la economía de Gran Canaria".