La comisión de estudio de la situación del transporte en Canarias propuesta por CC y PSOE acogió ayer, entre otros, al secretario de la Asociación de Supermercados de Canarias, Alonso Fernández, quien insistió en la necesidad de flexibilizar los controles sobre los productos y mercancías como una de las medidas clave para que pueda abaratarse la cesta de la compra en las Islas y, en especial, en las no capitalinas. Fernández dejó claro, en varias ocasiones, que no solo no se opone a la existencia de controles como los fitosanitarios y otros, sino que los considera imprescindibles. Eso sí, cree que se deben replantear, ajustarse más "a las demandas económicas de las Islas", de forma que la "maraña" existente no suponga el coste en tiempo y dinero de hoy que, entre otros motivos, encarece el producto final que consumen los residentes en el Archipiélago.

Aparte de la necesidad de almacenes en siete islas, otra de las claves en busca de ese abaratamiento la halla en las posibilidades para el transporte marítimo que existen hoy. Según subraya, las mercancías no se pueden mover los fines de semana o en ciertas fechas señaladas, como el Jueves y Viernes Santo. A esto se añaden los problemas por retrasos de los buques y las derivadas para el almacenamiento y otras cuestiones logísticas que, en el caso de las Islas menores, imposibilitan mantener los precios que sí se disfrutan en Tenerife o Gran Canaria. A su vez, recuerda que la mayoría de los contenedores llegan al puerto de La Luz (Las Palmas) y, desde aquí, a Tenerife, que, a su vez, los distribuye por el resto de esta provincia.

Además, y como otros expertos o afectados, se alegra del 100% de subvención para las mercancías, pero recuerda que beneficiará solo a las materias primas para elaborar productos en Canarias o para la exportación de los hechos aquí, pero no para lo importado, que es la gran parte de lo que se consume. Eso sí, aludió al informe de la ULL y al hecho de que haya "un 52% de autoabastecimiento".

Fernández entiende, pero lamenta que las navieras den prioridad a los pasajeros y sus coches "y, a veces, las mercancías quedan fuera". En este sentido, remarca que la parte comercial mueve 2.923 millones de euros y que sufre un sobrecoste del 50%, por un 25% del industrial. Su subsector representa ahora 13.000 trabajos directos.

La comisión la cerró ayer José Ángel Hernández Ponce, secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte, quien, si bien aludió a la relevancia de la futura ley del subsector, dejó claro que no todo depende de eso. Tras resaltar los empleos que representa el transporte público, que hay unos 5.600 taxis en las Islas, 5.650 guaguas y más de 4.000 camiones pesados, esto no representa sino el 2% de todos los vehículos, proponiendo que, frente a las colas, se aprovechen los carriles vacíos del otro sentido cuando los flujos sean contrarios.

Coste de la lejanía y la doble insularidad

La primera en comparecer ayer ante los diputados presentes en la comisión de estudio de la situación del transporte en las Islas fue la economista María Dolores Rodríguez Mejías, experta en los costes de la ultraperificidad en Canarias y en el Régimen Económico y Fiscal (REF) del Archipiélago. La especialista se valió de diversos gráficos y datos proyectados en la Sala Cabildos del Parlamento regional para reforzar su disertación, como el 47 y 63% que supone de sobre coste la lejanía y, en el segundo caso, la doble insularidad que sufren las no capitalinas. En este sentido, aludió a los diferentes precios del combustible que se dan en islas como La Gomera o El Hierro, de 15 a 17 céntimos más respecto a las islas grandes, si bien se refirió también a que, hasta hace 3 años, eran más bajos en Fuerteventura que en Gran canaria simplemente porque había más competencia. Rodríguez Mejías remarcó que, en el actual REF, se incluye medio centenar de medidas compensatorias en favor de Canarias respecto a la Península, de las que una veintena tiene que ver con el transporte. Por supuesto, detalló los perjuicios que supone la lejanía para la competencia y de costes añadidos, especialmente por las mercancías o los combustibles, si bien no pudo pronunciarse con concreción respecto a la pregunta de Esther González (Nueva Canarias) sobre si la condición de RUP puede facilitar que la UE apoye la declaración de servicio público para los vuelos entre la Península y las Islas. La diputada grancanaria recalcó que, con precios de referencia, se podría impedir la picaresca entre las compañías y el encarecimiento de los billetes, al tiempo que recordó que, según la normativa de las RUP, es Bruselas la que debe adaptarse a estas regiones alejadas y no al revés.