La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha denunciado hoy que aún existen nóminas sin abonar a los empleados de Seguridad Integral Canaria, pese a que la empresa haya anunciado que ha saldado la deuda que mantenía con la plantilla con 7,2 millones de euros.
En un comunicado, el sindicato indica que continúan sin cobrar las nóminas de los meses de octubre y noviembre, así como la paga extra de diciembre de 2017 de muchos de sus trabajadores.
También señalan que no se han abonado las nóminas y los atrasos a los más de 4.000 extrabajadores que han sido subrogados por otras empresas, durante el proceso de concurso voluntario de acreedores en el que se encuentra inmersa la empresa, que mantiene a día de hoy una plantilla de 503 empleados.
Desde FTSP-USO denuncian que los abonos que ha realizado Seguridad Integral Canaria no incluyen la diferencia salarial correspondiente al ajuste de las tablas del convenio colectivo sectorial, tras la anulación del de la empresa por parte del Tribunal Supremo en mayo de 2016.
"Estas diferencias salariales entre el convenio de empresa y el sectorial suponen entre 7.000 y 8.000 euros por trabajador", detalla Basilio A. Febles, secretario general de la FTSP-USO.
Además, según datos recabados por la FTSP-USO, las horas extra que realizan los trabajadores que aún están en plantilla tampoco están siendo abonadas según el convenio colectivo sectorial.
"Toda esta operación supone un nuevo intento de lavado de imagen de SIC ante la opinión pública, ya que en la actualidad miles de familias siguen arrastrando enormes deudas y sufriendo carencias básicas por los impagos sufridos durante meses por esta empresa pirata", ha subrayado Febles, que matiza que sólo está saldando sus deudas con los trabajadores que aún están en activo.
"Son muchos los extrabajadores que no han cobrado ni sus nóminas ni las diferencias salariales tras la sentencia", ha remarcado.
Seguridad Integral Canaria presentó voluntariamente el concurso de acreedores el 22 de diciembre del 2017 para poder afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores, y en los cinco meses transcurridos ha abonado a su plantilla 7,2 millones de euros en concepto de nóminas atrasadas, gracias a la contribución del administrador concursal de la compañía, Juan Carlos Santos Barja.
El juzgado que tutelaba el concurso de acreedores ordenó el pasado 23 de febrero que se levantar los embargos que Hacienda y la Seguridad Social habían establecido sobre las cuentas de la empresa.
Los 560 vigilantes que prestaban servicio en Metro de Madrid bajo Seguridad Integral Canaria fueron subrogados el 1 de febrero en tres empresas subcontratadas para hacerse con la seguridad del suburbano madrileño, después de llevar varios meses sin cobrar.