En el año en el que la Constitución cumple sus cuatro primeras décadas celebramos el Día de Nuestra Nacionalidad. Es una fecha adecuada para la celebración y la reflexión, para el balance de logros y aspiraciones.

En tal sentido atiendo a la invitación del periódico EL DÍA, que dirige Mercedes Rodríguez, ordeno ideas y recuerdos que orientaron mi trayectoria política y me acompañaron en todas mis responsabilidades públicas.

Declaro como punto de partida el orgullo de ser de un territorio privilegiado, enclavado entre continentes, con una estratégica posición en el Atlántico Occidental, integrado en la cultura europea y con las más y mayores singularidades del Estado que, con la Constitución Española y nuestro Estatuto de Autonomía, posibilitaron corregir históricos desequilibrios y poner en pie de igualdad a todas las islas.

Consciente de las singularidades y los hándicaps de la distancia y la dependencia exterior, en junio de 2007, en mi toma de posesión como presidente del Parlamento de Canarias, planteé la necesaria reforma de la Constitución, cuyos valores elogié y reconozco. Pedía que las particularidades isleñas tuvieran constancia directa y actualizada en un texto reformado, que avanzara en el reconocimiento de los hechos y las demandas territoriales que, con variada intensidad, se presentaban periódicamente.

Acaso por el talante moderado, la petición resultó noticiosa, pero recuerdo que siempre planteé la "conditio sine quanon" de un consenso similar al que posibilitó la Carta Magna de 1978 -entre los partidos estatales y nacionalistas- para afrontar los retos de la globalización, que empezó a enseñar sus activos y luego, con la crisis que aún colea, sus riesgos y defectos. Planteaba -al igual que otros políticos e intelectuales- una segunda Reforma Constitucional que atendiera las exigencias del tiempo nuevo y que respondiera a los preceptos y obligaciones de la solidaridad.

Con el autogobierno, nuestras Islas tuvieron infraestructuras adecuadas a sus necesidades y con previsión de futuro; capítulos sensibles como la Sanidad y la Educación registraron un notable avance. Pero, a la vez, nuestro acervo político-administrativo -cabildos insulares, Régimen Económico y Fiscal- no contaron con una presencia plenamente consolidada y desarrollada en el texto constitucional y en el Estatuto de Autonomía, en trámite de reforma actualmente.

Por otra parte, vivimos en una constante paradoja: con demasiada frecuencia la Unión Europea reconoce más y mejor las peculiaridades canarias que la legislación española, que no ha resuelto las demandas pendientes.

Por eso, las metas de esta época de fronteras abiertas deben partir, territorio a territorio, Estado a Estado, de la atención a los hechos diferenciales, en tanto sus reivindicaciones no sean sectarias y excluyentes; de la recuperación de la voluntad solidaria que creó las democracias europeas; y de la convicción de que, desterradas del primer plano las mayorías absolutas, los gobiernos multipartitos que se perfilan en el horizonte exigen una permanente y responsable disposición al diálogo.