Durante 2017, en Canarias se analizaron 104 incidentes relacionados con cebos envenenados, de los que el 35,57% resultaron positivos por algún tipo de sustancia tóxica.
Según los datos del Servicio de Toxicología y Analítica de la ULPGC, destaca la isla de Tenerife, con 47 casos analizados; Gran Canaria, con 23, y Fuerteventura, con 20.
Esta es la razón por la que la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio de Biodiversidad de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo canario, va a impulsar unos protocolos de actuación contra el uso ilegal del veneno en el medio natural canario.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la "Estrategia para la erradicación del uso ilegal de veneno en el medio no urbano de Canarias", que celebró la semana pasada su segunda reunión.
De los resultados positivos, destaca la detección de rodenticidas anticoagulantes en 22 casos, de los que en 16 la presencia de algún tipo de sustancia se relaciona directamente con la muerte de los animales. En total, se detectaron 14 sustancias tóxicas, entre las que sobresalen algunas prohibidas, como el carbofurano (implicado en ocho casos) o el aldicarb (dos casos), seguidas por rodenticidas como la bromadiolona o el brodifacoum.
Los casos investigados incluyeron a un total de 145 animales, mayoritariamente aves (113). De las especies silvestres, destaca el cuervo, por el elevado número de ejemplares afectados (24), junto al cernícalo y el búho chico, al igual que especies amenazadas como el guirre. Asimismo, cabe resaltar el elevado número de animales domésticos afectados, 28 en total, especialmente perros y gatos.