El decreto que regula el alquiler vacacional en Canarias sigue en vigor, pese a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que han anulado algunos de sus preceptos recurridas por el Gobierno regional. Sin embargo, algunas decisiones judiciales han empezado a poner en cuestión su validez para prohibir la autorización de esta actividad en las zonas turísticas, uno de los aspectos más polémicos de la normativa, que ha sido objeto -precisamente- de los fallos desfavorables del TSJC.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha dado la razón al propietario de una vivienda vacacional que se había topado con el rechazo del Cabildo de Lanzarote a inscribir el inmueble en el registro insular porque se sitúa en zona turística.

El caso -que ha llevado la abogada Eileen Izquierdo y que adelantó "Diario de Lanzarote"- se suma a varias sentencias similares -todas recurribles- que han dado la razón a propietarios de Fuerteventura -confirmados por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav)- con el argumento de que el decreto autonómico colisiona con la normativa comunitaria -en concreto, con la directiva Bolkestein-, por lo que, en caso de conflicto, debe prevalecer el derecho de la Unión Europea.

El borrador del nuevo decreto canario del alquiler vacacional prevé mantener la prohibición en zonas turísticas salvo que cabildos o ayuntamientos dispongan lo contrario.