La Cámara regional abrió ayer el proceso para modificar la ley turística y eliminar el apartado c) del artículo 4.2, que fue anulado por el Tribunal Constitucional en 2015 al entender que no se puede introducir un criterio económico para fijar la autorización de nuevos hoteles, momento en el que se impidió la creación de los de menos de 5 estrellas. La mayoría de grupos rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos y NC, no por no compartir parte de su visión y avisos sobre el futuro, sino porque consideran que lo ideal sería abrir ya el proceso parlamentario para enriquecer la ley mediante las enmiendas y zanjar un problema pendiente desde hace casi 3 años.

Por Podemos, Natividad Arnáiz alertó del desarrollismo que puede recuperarse con esta modificación, en contraste con las luchas del pasado, como las torres de Vilaflor y los tendidos de Lanzarote y Fuerteventura, el puerto de Granadilla u otras iniciativas solo encaminadas a "la destrucción del patrimonio natural y cultural". A su juicio, se completa el círculo de la ley del suelo, la de Islas Verdes y este cambio en la turística para enterrar la moratoria de 2003 y seguir aumentando el número de visitantes sin apostar por la calidad.

En una línea similar, Román Rodríguez (NC) sostiene que el fallo no impide seguir imponiendo límites al incremento turístico según la capacidad de carga. Por el contrario, censura que CC prefiera seguir "contando turistas" desregulando el sector y poniendo en riesgo los equilibrios ambientales, la convivencia, el territorio y las infraestructuras. Sobre la convivencia y el aumento de los alquileres para los trabajadores, insistió en que no basta un decreto para regular el vacacional, avisó de sus consecuencias y exigió una ley.

Ambas visiones fueron claramente contrarrestadas por el diputado del PP Miguel Jorge, quien le negó de forma contundente a Podemos que la concepción de CC sobre el turismo sea neoliberal. El representante grancanario censuró la política turística, el retraso en esta modificación y en parte de las pretensiones del cambio, aunque confía en las enmiendas.

Por el PSOE, Rosa Bella Cabrera elogió partes de los argumentos de Podemos y NC, pero cree un error seguir esperando para modificar algo a lo que obligaba el Tribunal Constitucional, aparte de echar en falta soluciones en esos grupos. A su juicio, esta oportunidad debe servir para establecer el modelo turístico presente y futuro de Canarias, criticando que el Gobierno nacionalista no haya desarrollado el reglamento ni planteado "alternativas".

Nereida Calero (CC) negó las críticas al desarrollismo y presentó esta apertura del proceso parlamentario de la ley como una "invitación al diálogo" para empezar a trabajar en la búsqueda de criterios compartidos sobre la capacidad de carga y la sostenibilidad social del turismo.

Por ASG, Jesús Ramos asumió la frase de Rodríguez de que no solo hay que contar turistas, pero negó que el cambio sea una apuesta por el desborde turístico y recordó que los hoteles de 5 estrellas suponen, muchas veces, mayor impacto ambiental.

Aprovechar la vía para el alquiler vacacional

El fallo del Constitucional de 2015 impide que se apliquen criterios económicos para aprobar o rechazar la creación de nuevos hoteles, medida con la que se pretendía seguir controlando el crecimiento de camas, su calidad y que fomentaba, sobre todo, las instalaciones de 5 estrellas o alto lujo. El consejero de Turismo, Isaac Castellano, trató de contrarrestar los temores de Podemos y NC subrayando que el sector en las Islas seguirá por la senda "adecuada y ordenada" comenzada con la moratoria de 2003, sustentadas a su vez en las directrices de ordenación de 2001, impulsadas precisamente por Román Rodríguez cuando fue presidente. A su juicio, tras la sentencia y los debates sobre si permitir nuevos hoteles de cuatro o cinco estrellas, lo acertado era simplificar y eliminar ese artículo, aprovechando la tramitación para analizar a fondo la ley y que se aborde también el actual y creciente problema del alquiler vacacional.