Los órganos judiciales de Canarias han computado un total de 2.160 mujeres víctimas de violencia de género en el primer trimestre de 2018, según los datos publicados este viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este sentido, se observa un incremento del 1,4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior en el archipiélago, cuando se computaron 2.129 víctimas de violencia de género en las islas entre enero y marzo de 2017.

Respecto a las provincias, la de Las Palmas registró un total de 1.174 víctimas (987 españolas y 187 extranjeras), que formularon un total de 1.125 denuncias. Además en 116 casos las afectadas se acogieron a la dispensa a no declarar contra su supuesto agresor.

Así, el ratio en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura durante el periodo de referencia fue de 10,1 mujeres víctimas de violencia machista por cada 10.000 habitantes, y 20,2 cada 10.000 mujeres, de tal forma que se encuentra entre las más altas de España.

En cuanto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se computaron 986 mujeres víctimas de violencia machista (759 españolas y 227 extranjeras), que formularon 976 denuncias. Así 117 de ellas se negaron a declarar contra sus parejas. La ratio provincial fue de 9,6 féminas víctimas por cada 10.000 habitantes y de 18,9 por cada 10.000 mujeres.

Por otra parte, en este primer trimestre de 2018, los juzgados del archipiélago incoaron un total de 482 procesos de órdenes de protección y medidas cautelares (94 menos que en el mismo periodo del año anterior), adoptaron 305 (42 menos que en 2017), se inadmitieron siete (3 menos que en el primer trimestre de 2017) y denegaron 170 (49 menos que en 2017).

En cuanto a los juzgados de Menores de Canarias registraron siete procedimientos por violencia sobre la mujer contra jóvenes de menos de 18 años, y a finales de marzo quedaban 15 pendientes de resolución. Además en el primer trimestre de 2018 fueron juzgados por violencia machista dos jóvenes de entre 16 y 17 años en la provincia de Las Palmas y uno en Santa Cruz de Tenerife. Los tres casos acabaron con imposición de medidas, lo que en la jurisdicción de adultos equivaldría a condenas.