El Gobierno de Canarias ordenó ayer, a través de una resolución de la Secretaría General de la Presidencia, revisar las relaciones de puestos de trabajo (RPT) cuya modificación fue anulada mediante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra una orden dictada por el Ejecutivo en septiembre de 2016 tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el sindicato Co.Bas.
El tribunal autonómico concluyó, en una sentencia que ha sido declarada firme, que el Gobierno regional procedió a cambiar las RPT sin el necesario proceso de negociación. El texto impugnado, indicó el TSJC, "tenía anexos de modificación, de supresión y creación de plazas y por tanto, tenía que ser negociada".
El TSJC concluyó que en el proceso faltó negociación y que el expediente era "defectuoso"
La resolución publicada ayer establece que las personas titulares de los departamentos de la Administración y de los organismos públicos y otras entidades de derecho público vinculadas o dependientes deben llevar a cabo "cuantas actuaciones sean necesarias en orden al cumplimiento" de la sentencia. Asimismo, deja sin efecto los acuerdos anteriores del Consejo de Gobierno que contradigan el publicado ayer.
Además de la insuficiente negociación -y aunque desestimó el argumento de falta de publicidad-, el TSJC determinó que en el decreto "faltan todos los informes necesarios, las memorias, la evaluación, las negociaciones, y por ello no es posible convalidar el procedimiento". La sentencia llega a recoger que "lo que subyace en todo el expediente es lo defectuoso del mismo desde el inicio".