El Gobierno de Canarias espera que la nueva Ley de Servicios Sociales quede aprobada después del verano, antes del 31 de octubre, y así se pueda empezar a desplegar con los presupuestos autonómicos de 2019.
Así lo expusieron a los periodistas el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, y la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, a la salida de una reunión con más de una veintena de colectivos sociales de las islas.
El presidente dijo que la aprobación de la ley en cuatro meses "es un reto", y además, antes del 31 de octubre, día que en las cuentas autonómicas se registran en el Parlamento. "Hay que tenerla cuanto antes para que tenga reflejo presupuestario".
Clavijo dijo que en paralelo a la tramitación parlamentaria, desde el Gobierno ya se trabaja en la elaboración de los reglamentos para empezar a "solucionar graves problemas de los últimos años", derivados de que la actual ley data de 1984. En esa línea, comentó que con las leyes de contratos y subvenciones, las asociaciones del tercer sector se encuentran en "dificultades" para trabajar con subvenciones año a año, lo que les daba "inseguridad y restaba calidad al servicio", pues incluso genera "precariedad laboral" en las ONG porque no pueden dar continuidad a los puestos de trabajo.
El presidente aseguró que la ley es "un antes y un después" porque "se reconoce" un derecho al ciudadano, "se define" el espacio sociosanitario y se "abre puertas" a la firma de conciertos y convenios plurianuales con las ONG.
Admitió que va a haber un "aumento presupuestario" debido a la nueva cartera de servicios, y el objetivo es ir "adecuando" el precio a los costes en tres o cuatro años, dejando claro que hay que "ser honestos y no asumir compromisos de difícil ejecución".
Valido, por su parte, explicó que la reunión sirvió para aclarar a los colectivos como va la tramitación de la ley ya que algunos siempre trasladan alguna "preocupación" porque haya modificaciones en la Cámara.
La consejera recordó que se ha pasado una década "muy dura" en la que muchas ONG han tenido los precios los servicios "congelados", y consideró que es el momento, a través de la ley, de actualizar los precios al coste real, lo que permitirá dar "más calidad" y que haya "más estabilidad y tranquilidad" en los trabajadores. En el encuentro participaron representantes de numerosas entidades sociales que han colaborado en la preparación de la ley, que sustituirá a la actual, que tiene más de 30 años. La norma ha recibido un aluvión de enmiendas que tendrán que tramitarse en el Parlamento.