El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, afirmó ayer que su iniciativa de poner una tasa a los vehículos de alquiler persigue "poner propuestas encima de la mesa para debatir", pero "sin posiciones cerradas".
Alonso dijo que es natural que esa propuesta no haya gustado a las empresas de alquiler de vehículos ni a la patronal turística, pero indicó que se trata de cuestiones que se ponen "encima de la mesa" con el propósito de "debatir sobre cómo evitar los impactos negativos que tiene la movilidad en la sociedad", a la vez que se generan ingresos desde el sector turístico que pueden ayudar "al bienestar de todos". Añadió que confía en que el Pleno del Cabildo apruebe hoy esa propuesta para que se cree "un grupo de trabajo para hablar sobre eso y otras cosas, sin posiciones cerradas".
"Creemos que el rent a car puede contribuir porque genera congestión, contaminación y tiene fiscalidad baja, pero habrá otros elementos que debatir", consideró el presidente del Cabildo.
Alonso se pronunció así en una rueda de prensa en la que estaba presente Jorge Marichal, el presidente de la patronal hotelera, Ashotel, quien dijo al respecto que el problema de tráfico de la Isla llevará a que en cualquier caso nadie quiera alquilar un coche.
"Sobre la tasa a los coches de alquiler: tranquilos, nadie va a alquilar un coche, la gente no va a perder el tiempo, los turistas no son idiotas, no va a ser cómodo, no les va a gustar", dijo Marichal. En su opinión, esos problemas requieren soluciones inmediatas que hay que exigir, sobre todo al Estado y a la Comunidad Autónoma.
La CCE rechaza la medida
La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha rechazado la propuesta de aumentar la presión fiscal al sector del alquiler de vehículos sin conductor, según informó la patronal de Las Palmas en un comunicado. La organización empresarial calificó de "erróneo" el cálculo de que la tasa vaya a recaudar 18 millones de euros al año y rebatieron que ayude a reducir la congestión del tráfico y la contaminación, y mejorar los recursos con los que sufragar gastos sociales. "Solo lograría mermar la competitividad de nuestras empresas y su capacidad para crear empleo", dijo el presidente de la CCE, Agustín Manrique.