El presidente del Sindicato de Trabajadores Canarios y de sus Administraciones Públicas (STAP), Domingo Chávez, manifiesta que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) pretende tener una "policía local sometida y dominada, lejos de la profesionalidad y la autonomía de la que deben gozar para hacer su trabajo para la comunidad, sin injerencias ni intoxicación". Chávez se suma así a la polémica generada sobre el contenido de la futura Ley regional de Coordinación de las Policías Locales. El organismo de los ayuntamientos considera que dicho documento no se ha negociado suficientemente con las administraciones municipales, mientras que el Ejecutivo autónomo y los sindicatos defienden el proyecto y niegan ese planteamiento.
Chávez considera que la postura de la Fecam es "retrógrada e insultante", que está "muy lejos de lo que se esperaba de unos representantes políticos y municipales supuestamente preocupados por la seguridad y las mejoras en materia policial".
La directora general de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario, Nazaret Díaz, explica que una de las propuestas de los ayuntamientos que no se ha recogido en la futura norma, por ser jurídicamente inviables, consiste en que haya agentes interinos (es decir, que no sean funcionarios). Díaz recuerda que ya existen varias sentencias en contra de esa idea y que el Ejecutivo no quiere aprobar una ley que pueda ser recurrida desde el primer momento ante los tribunales.
Otra de las iniciativas puestas sobre la mesa por la Fecam se basaba en que el jefe de cada cuerpo pueda ser elegido entre cualquiera de los miembros de la plantilla (independientemente de que sea un agente u oficial y haya en ese cuerpo otros mandos con mayor categoría profesional, es decir, subinspectores, inspectores o comisarios).
El órgano de los municipios también defendió la posibilidad de que vigilantes municipales puedan tener la condición de policías locales. Sin embargo, según Nazaret Díaz, en la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se contempla esa posibilidad únicamente para aquellos municipios donde no existiera Policía Local propiamente dicha y, además, no pueden portar arma de fuego.
Estas demandas reflejan las difíciles relaciones existentes en algunos municipios entre el grupo de gobierno y los integrantes de las plantillas de la Policía Local, ya sean mandos o agentes de la escala básica. La condición de funcionarios de estos trabajadores les da garantías a la hora de reivindicar mejoras laborales o salariales, con campañas que resultan difíciles de sobrellevar para algunas corporaciones, según algunas fuentes; o bien denunciar en los tribunales cualquier acción que consideren contraria a la ley, sin miedo a perder sus puestos de trabajo.
El portavoz sindical también acusa a la Fecam de no querer saber nada de homogeneizar las retribuciones, imponer horarios o no desarrollar la segunda actividad (con lo que se pretende que agentes mayores, enfermos o discapacitados deban patrullar por las calles), entre otras cosas.
Un texto más moderno
Para Domingo Chávez, el texto existente es "necesariamente más moderno y adaptado a la realidad policial de nuestra Comunidad Autónoma, pero finalmente muchos mandatarios locales, a través de la citada Federación, se desmarcan para tratar de imponer su totalitarismo y no dejar prosperar o adecentar esta profesión". El presidente del Stap comenta que "sabemos que hay otros muchos alcaldes y políticos de ámbito local, insular y autonómico que, siendo más ecuánimes, defienden una mejor proyección policial para el futuro, pero poco deben pintar o se les considera ínfimamente, cuando al final lo que ha pretendido imponer la Fecam es, precisamente, todo lo contrario".