Las organizaciones empresariales y sociales ven con buenos ojos la introducción de cláusulas sociales, éticas y medioambientales en la contratación pública, aunque también consideran que existen dificultades para ponerlas en marcha, en especial la falta de formación, tanto en las empresas que contraten con la administración como en las propias instituciones. Esta es una de las conclusiones generales del proceso participativo que ha emprendido el Gobierno de Canarias para avanzar en la contratación pública responsable, sacando todo el partido posible a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Las conclusiones de este proceso se presentaron ayer en Santa Cruz de Tenerife y hoy serán expuestas en Las Palmas de Gran Canaria. El director general de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional, Francisco González, calificó de “provechosa” la labor que se ha realizado durante las últimas semanas y garantizó que las aportaciones de los participantes “no van a caer en saco roto”.
El abogado Juan Carlos García Melián, que se ha encargado de la coordinación del proceso, detalló que las entidades y particulares que han participado ven la contratación pública como “una oportunidad” para poner en marcha políticas sociales y relacionadas con la sostenibilidad. Para todos ellos, la introducción de estas cláusulas merece una opinión “positiva o muy positiva”.
La sensibilización, la divulgación y, sobre todo, la formación son, a juicio de los participantes, aspectos que hay que mejorar para hacer realidad este proyecto. “La nueva ley exige un nivel de profesionalización alto y un esfuerzo extra en la formación de las empresas y, en especial, de la administración”, dijo García Melián.
En el capítulo de las dificultades también figura la ausencia de un sistema de indicadores que permita medir y evaluar la aplicación de estas cláusulas, su cumplimiento y los efectos que surten, y así consta en las conclusiones de los encuentros que se han mantenido en las últimas fechas. Los participantes en este proceso abierto también han coincidido en que existen “muy pocas” buenas prácticas identificadas en Canarias. En la exposición de ayer se citó la introducción, por parte del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, de un contrato reservado –asignar una parte de una licitación a empresas de inserción o centros especiales de empleo– y de cláusulas sociales en un contrato.
La intención del Gobierno canario es ir más allá de lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que las empresas adjudicatarias deben cumplir, al menos, una de las condiciones sociales, ambientales o relacionadas con el empleo que se plantean en la norma. En la orden que regula los pliegos, el Ejecutivo recomienda tener en cuenta que en la plantilla que ejecute el contrato haya un porcentaje de contratación indefinida superior al 50% y que las empresas mejoren las condiciones laborales y salariales de los convenios.
