La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, se mostró ayer confiada en que el Ministerio reconsidere permitir a las Islas invertir los 598 millones de superávit en mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales. Dávila hizo estas declaraciones a la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en Madrid, en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que, durante el mes de agosto, llevará a cabo la negociación de los nuevos objetivos con los partidos políticos representados en el Congreso.

Después de que el viernes pasado la senda presentada en el último CPFF no superara el trámite parlamentario, "el Ministerio de Hacienda debe presentar una nueva propuesta", recordó Rosa Dávila. A través de un comunicado, la consejera aseguró que "podrá contar con el apoyo de Canarias siempre que recoja la petición de flexibilizar la regla de gasto para permitir al Archipiélago invertir unos recursos que son de todos los canarios y canarias".

"Canarias solo pide que los objetivos de estabilidad sean justos para todas las comunidades y corporaciones locales. Los ciudadanos no entenderían que se dé una nueva oportunidad a las autonomías incumplidoras mientras se asfixia a las que se han esforzado durante años al imponer un parámetro rígido e injusto como es la regla de gasto", argumentó.

La consejera precisó que más de 7.000 millones de euros de superávit de las administraciones locales y de las comunidades autónomas cumplidoras compensan las desviaciones del Gobierno de España. En este sentido, Rosa Dávila resaltó la situación de las corporaciones locales españolas, que tienen un superávit de 6.812 millones de euros. "La situación actual está llevando a que los ayuntamientos no puedan utilizar sus propios fondos para mejorar la atención que se presta a los ciudadanos", dijo. La consejera criticó que, "al parecer, el Gobierno de España prefiere que ese dinero permanezca congelado en una cuenta bancaria".

"No solo se hurta el dinero a las comunidades cumplidoras y a las corporaciones locales, sino que la Administración del Estado lo utiliza para compensar su propio déficit, que alcanza los 21.658 millones de euros", denunció.

Dávila recordó que, la semana pasada, "el presidente Fernando Clavijo trasladó a las ministras de Hacienda y de Política Territorial una propuesta en positivo que permita flexibilizar la regla de gasto sin necesidad de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumió ayer que el Gobierno no logrará aprobar su propuesta de flexibilización de la senda de corrección del déficit público, por lo que finalmente tendrá que adaptarse a las metas anteriores, más restrictivas, establecidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"No hay ningún dato sobre la posición de las formaciones políticas que nos permita pensar" que la propuesta del Gobierno pueda salir adelante, fundamentalmente por la postura en contra del PP, que controla el Senado, apuntó Montero en declaraciones a los medios, recogidas por Efe, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cualquier caso, la ministra hizo "un llamamiento a la reflexión" de las formaciones políticas para lograr una senda "beneficiosa" para los ciudadanos y se mostró dispuesta a analizar posibles planteamientos relativos a una diferente distribución de los objetivos entre las diferentes administraciones.

El pasado viernes, el Congreso de los Diputados rechazó la propuesta de flexibilización de la senda de corrección del déficit para el periodo 2019-2021 pactada con Bruselas. El Gobierno había pactado una meta de déficit del 1,8% del PIB para 2019, del 1,1% para 2020 y del 0,4% para 2021, lo que flexibilizaba los objetivos anteriores: 1,3%, 0,5% y superávit, respectivamente.

Tras el rechazo, la ministra ha reiterado que el Gobierno volverá a presentar una senda de déficit dentro de un mes como prevé la Ley de Estabilidad, aunque los objetivos serán los mismos que se tumbaron el viernes.

Montero adelantó a las comunidades que tendrán 102.920 millones de entregas a cuenta para 2019, un 7,23% más que este año, pero tendrán que ajustar sus presupuestos a la senda de estabilidad del Gobierno del PP.