La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, aseguró ayer que Ejecutivo continúa trabajando para que el Ministerio permita aplicar el superávit de las Islas en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 2019 y así poder aumentar el gasto en sanidad, educación y políticas sociales en el Archipiélago. "Para ello, es necesario que se territorialice la regla de gasto", dijo.
"El planteamiento de Canarias continúa siendo el mismo que hace un mes y no es otro que permitir a las autonomías y a las corporaciones locales cumplidoras puedan contar con su superávit en la elaboración sus presupuestos del próximo año", indicó Dávila.
Así se lo volvió a trasladar el viernes la consejera a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una conversación telefónica en la que le adelantó cuál sería la postura de Canarias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra este miércoles, de no tener una respuesta concreta a la propuesta del Ejecutivo regional de flexibilizar la regla de gasto para aplicar el superávit.
Dávila también aclaró a Montero que "la ampliación del catálogo de inversiones financieramente sostenibles no es la solución ni es la respuesta para Canarias ni para la ciudadanía, porque no permitiría, por ejemplo, dar de alta a más personas dependientes, ampliar el catálogo de servicios sociales, contratar más personal sanitario o más profesorado al entender el Ministerio que consolidan gasto y no cumplir con los requisitos para ser consideradas inversiones financieramente sostenibles".
La consejera recordó que en la actualidad el superávit de las autonomías y de las corporaciones locales asciende a más de 7.000 millones de euros. "Por ello -añadió-, es un despropósito que, no se revise la regla de gasto, y que el Ministerio de Hacienda nos impida aplicar unos fondos que son nuestros". Así, lamentó que "se esté castigando a quienes mejor gestionan".
En este sentido, criticó que el Gobierno central prefiera tener esos más de 7.000 millones "congelados" en los bancos, en lugar de permitir que las autonomías y los ayuntamientos los utilicen para mejorar la vida de las personas y paliar las dificultades que aún tienen muchas familias. "Sería muy injusto, sobre todo si se tiene en cuenta que el motivo por el que se podría estar manteniendo esta postura: compensar el propio déficit y la desviación de la Administración General de Estado, que alcanza los 21.658 millones", argumentó Dávila.
"No atender nuestra demanda castiga a los canarios, porque ninguna persona entenderá que una autonomía como Canarias, que ha cumplido reiteradamente con los objetivos de déficit y tenga la menor deuda, no pueda utilizar sus propios fondos para gastos derivados de la prestación de los servicios públicos esenciales", dijo.