La Comunidad Valenciana y las Islas Canarias carecen de seguro de responsabilidad civil/patrimonial, por lo que los pacientes de la sanidad pública en estas regiones únicamente pueden reclamar vía administrativa una posible negligencia médica, un proceso que, según advierte Reclamador.es, puede alargarse hasta cuatro años y se hace "más complicado" en estas autonomías.
También el personal sanitario de ambas comunidades se ve "afectado por la falta de respuesta por parte de la Administración pública en caso de mala praxis", apuntan desde la compañía "on line" de reclamaciones.
En este sentido, reclamador.es alerta que entre las consecuencias de la falta de seguros de responsabilidad sanitaria pública en estas comunidades se encuentra la "inseguridad legal a la que se enfrentan los pacientes valencianos y canarios debido a la falta de seguro". El proceso de reclamación de una negligencia médica no es sencillo en la gran mayoría de los casos, pero se torna todavía más complicado cuando la mala praxis se lleva a cabo en un centro de salud u hospital de estas dos comunidades", subraya.
El hecho de que estas comunidades autónomas hayan decidido no contratar un seguro de responsabilidad civil/patrimonial, conlleva -según Reclamador.es- que los pacientes solamente puedan reclamar por la vía administrativa, vía que según esta compañía "está completamente saturada desde hace años" y "se tarda un tiempo excesivo en obtener una resolución que, además, no suele ser favorable a los intereses del perjudicado".
Además, continúa Reclamador.es, "en caso de conseguir el reconocimiento del derecho a ser indemnizado tras sufrir este largo proceso administrativo, también se dificulta el pago de la indemnización, ya que ha de ser realizado por la propia Comunidad Autónoma con cargo a sus presupuestos generales". Contar con un seguro de responsabilidad civil/patrimonial en el ámbito de la sanidad pública es "fundamental para garantizar el derecho de los administrados a obtener una indemnización en caso de ser perjudicados por el mal funcionamiento del servicio público de salud", ya que la compañía aseguradora es la que se encarga de consignar la indemnización.
Más problemas
Además, existe una tercera autonomía con un problema similar: Andalucía, una región que aunque sí contrató un seguro, "lo ha hecho en unas condiciones que prácticamente dejan igual de desprotegidos tanto a sus facultativos como a los pacientes. Esto es así porque se establece una franquicia muy elevada y, además, solamente opera la póliza cuando se ha superado un límite global de indemnizaciones, con lo que, en la práctica, la mayoría de los casos no quedarían cubiertos por la mencionada póliza", lamentan. En definitiva, desde Reclamador.es critican que "dependiendo del territorio en el que viva el ciudadano que ha sufrido una negligencia, tendrá mayor o menor dificultad para poder obtener su indemnización".