El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirá con el líder del PP, Pablo Casado, este miércoles en Madrid, en el marco de "una agenda muy intensa de contactos políticos" que afrontará el Ejecutivo tras retomar su actividad tras las vacaciones de verano.

Otra de las citas relevantes de esa agenda para esta semana será una reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado programada para este jueves con el propósito de tratar la financiación de nuevas obras de carreteras en las islas, con la asistencia del vicepresidente regional, Pablo Rodríguez, según ha anunciado hoy la consejera de Hacienda del archipiélago, Rosa Dávila.

En una rueda de prensa que ha seguido a la primera reunión ordinaria del Consejo de Gobierno celebrada tras el periodo estival, Dávila ha recalcado que el encuentro concertado entre Fernando Clavijo y Pablo Casado se considera "muy importante", porque se espera que sirva para aunar esfuerzos con los populares en la defensa de la llamada "Agenda Canaria" en Madrid.

Ya que, "toda vez que son el grupo parlamentario mayoritario", el Ejecutivo isleño, de Coalición Canaria, considera útil "recabar el apoyo del PP para que las comunidades autónomas y demás administraciones públicas que han cumplido (con las limitaciones del déficit impuestas por ley en el país) puedan gastar el superávit", ha argumentado.

Rosa Dávila ha informado además de que, con ese mismo objetivo, el Gobierno ha ratificado hoy una convocatoria de reunión del Consejo Asesor del Presidente para este jueves.

El Ejecutivo buscará en esa reunión recabar más apoyos a su demanda de incorporar el superávit al presupuesto a gastar por la comunidad autónoma, en este caso entre los agentes económicos y sociales de las islas, en una iniciativa que ya se había avanzado la semana pasada, ha recordado.

La consejera ha subrayado que también debe contribuir a incrementar el dinero disponible para gasto público en el archipiélago el encuentro Canarias-Estado del jueves, donde Pablo Rodríguez reclamará, por una parte, que se establezcan fórmulas para traspasar a la comunidad autónoma los 865 millones de euros que se le deben abonar por incumplimientos en la financiación del convenio de carreteras vigente en la actualidad.

Dinero que los tribunales han sentenciado que corresponde recibir al archipiélago, a resultas de una denuncia que presentó el Gobierno regional la pasada legislatura, ha rememorado.

Al tiempo, la responsable de Hacienda ha dicho que Rodríguez planteará que se fije fecha para la suscripción del nuevo convenio de carreteras que está pendiente, con el objetivo de "que sea lo antes posible" para que se puedan transferir los fondos correspondientes.

Rosa Dávila ha comparecido junto a la consejera de Educación de las islas, Soledad Monzón, que ha informado al Consejo de Gobierno del desarrollo del Plan Canario de Nuevas Infraestructuras Educativas para el periodo 2018-2025.

Plan en el que se prevén invertir, en total, 507 millones de euros para crear nuevos centros de enseñanza públicos pero también para reformar otros ya existentes, puesto que de los que en conjunto hay en la comunidad autónoma, 990, 350 tienen más de 40 años, ha recalcado.

Modernizar todos los centros de Canarias y atender la demanda creciente, prevista sobre todo en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, es la finalidad última del Plan de Nuevas Infraestructuras Educativas.

Se estima que este plan permitirá habilitar, hasta 2025, 4.325 plazas de Infantil más, 8.825 de Primaria, 6.000 de Secundaria, 1.225, de Bachillerato y 2.600 de FP, para un total de 22.975 nuevas plazas, a cubrir dentro de 7 años.

Soledad Monzón ha anunciado, por otro lado, que el Gobierno de Canarias ha adoptado el acuerdo de intensificar su petición de que el Estado "regule cuanto antes el Primer Ciclo de Educación Infantil", de 0 a 3 años, al ser competencia suya.

La disparidad de circunstancias que tienen esas enseñanzas en las distintas zonas del país, con lugares donde es gratuita o subvencionada y otros en que hay que pagarla al completo, por ejemplo, ha motivado esa demanda, ha señalado.

Y ha añadido: "El acuerdo que hemos adoptado hoy es trasladar al Gobierno de España una petición formal para que se regule adecuadamente el primer ciclo de educación infantil y asuma el Estado la financiación que corresponda".