La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) asegura que este colectivo carece de una formación adecuada para sofocar incendios en el interior de las celdas o centros penitenciarios, debido a la falta de cursos impulsados por la administración competente.

Cabe recordar que miembros de la seguridad de la cárcel Las Palmas 2 de Juan Grande, en Gran Canaria, tuvieron que hacer frente a un suceso de estas características durante la jornada del pasado 26 de agosto, cuando un interno prendió fuego a un colchón con ropas con la intención de acabar con la vida de otro preso mediante la inhalación de humo.

El delegado provincial de la APFP, Rafael Paniza, señala que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias "recibimos una escasa o nula formación para combatir este tipo de situaciones". Por parte de dicha organización sindical se aclara que, "a pesar de ello, en cada incendio los profesionales ponemos en peligro su vida e integridad física por salvar una situación que, de no ser por dicha implicación, podría convertirse en una tragedia".

Rafael Paniza comenta que "estos hechos se producen de forma imprevista", por lo que los funcionarios tienen que actuar con premura para evitar que el problema se agrave.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones manifiesta que "el riesgo al que se someten los funcionarios y los demás internos es muy elevado". Aclara que "la mayoría de estos incendios se produce en módulos o departamentos de Régimen Cerrado, con internos altamente peligrosos o inadaptados al régimen común, clasificados muchos de ellos como de primer grado (el más severo)", que en algunos casos pueden portar armas de "fabricación casera".

El colectivo recuerda que, desde hace tiempo, denuncia ante el Gobierno del Estado la falta de personal (más de 3.000 vigilantes a nivel nacional), de medios (entre ellos, un uniforme adecuado) y de formación para hacer frente a todas las situaciones de riesgo que a diario se producen.

El representante de la APFP lamenta que "esta labor no está reconocida ni por la sociedad ni por la clase política, que mira continuamente para otro lado".

Las reivindicaciones de los diferentes sindicatos de prisiones en este sentido se han reactivado desde hace apenas dos años y en las mismas se demanda una mejora de los ingresos económicos.

De forma concreta, los representantes de los trabajadores encargados de la vigilancia de los centros penitenciarios reclaman que se les suban los sueldos y se produzca una equiparación respecto a sus compañeros de Cataluña. Cabe recordar que en esta comunidad autónoma las competencias en materia de prisiones están transferidas al gobierno catalán y que las condiciones laborales de los funcionarios de las cárceles son sensiblemente mejores que en el resto del territorio nacional, donde el personal depende del Ejecutivo central.