En algo poco habitual, pero repetido en apenas un mes, una ministra del Gobierno central (la responsable de Industria y Turismo, Reyes Maroto) emuló al de Fomento, José Luis Ábalos, y visitó varios días Canarias sin una reunión oficial con el presidente autonómico, los consejeros del ramo u otras autoridades insulares y locales, salvo algunas del PSOE. Por supuesto, la reacción del Gobierno isleño y de CC no tardó mucho y la crítica fue contundente. Uno de los consejeros "despreciados", el de Turismo, Isaac Castellano, no disimula su malestar y considera "poco razonable" lo sucedido, "aunque solo sea por gentileza institucional y, lo que es más importante, por interés general, pues hay cuestiones relevantes y de la agenda canaria pendientes, aparte de que no está bien no verse con ciertos dirigentes".

Más allá de la sorpresa y del evidente enojo, la presencia de Maroto en el Archipiélago sí le ha servido a Castellano, según señala a El Día, para comprobar que, en cuestiones claves para el turismo, hay mucha más sintonía con el nuevo Ejecutivo socialista que en lo que respecta a las formas.

Así, por ejemplo, considera muy relevante que, por lo dicho en las Islas por la ministra, no es partidaria de la ecotasa que el propio secretario general de los socialistas canarios y candidato a las primarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que aplicará en las Islas de llegar al poder. Con independencia de lo que haga el PSC en el futuro y de lo que ya pasa en Baleares, comunidad que sí aplica esa tasa (que en Canarias han defendido en el Parlamento grupos como NC y Podemos), el consejero lanzaroteño insiste en que sería un gran error estratégico para el sector y que, además, supondría una doble imposición, "pues ya se aplica aquí el IGIC".

Además, Castellano ve coincidencias en la concepción de la ministra de la promoción turística y, en concreto, de las Islas, al tiempo que espera que se firme cuanto antes el convenio de infraestructuras turísticas. Un documento que su área ya ha enviado al Ministerio; que, si fuera por él, se rubricaría cuanto antes, aunque también aclara que no han puesto una fecha límite. A su juicio, se trata de un proyecto "muy razonable", que prevé una inversión de 15 millones de euros a desarrollar en un plazo aún por fijar.

Sobre las cifras del turismo, insiste en que ya preveían una bajada, en que no buscan seguir batiendo récords, sino en que, como hasta ahora, el gasto y el empleo sigan incrementándose.

De las reuniones y actos de la ministra de Turismo, destacó la constante presencia de alcaldes de los llamados municipios turísticos, ninguno gobernado por CC (Adeje, Arona, Guía de Isora, San Bartolomé de Tirajana y Mogán). Castellano prefiere no meterse en las motivaciones de la ministra al organizar su visita y, aunque lo intentaron cuando ya estaba en las Islas, dice que resultó imposible improvisar una reunión oficial. Sin embargo, tampoco le parece mal el trato a esos municipios y, de hecho, sostiene que no hay tantas diferencias respecto a la gestión regional del área. Según señala, han tenido diversos contactos con la asociación que aglutina a estas localidades (con casi el 70% de las camas turísticas del Archipiélago) y se encuentran "muy cerca de cerrar un acuerdo". Un pacto por el que, a diferencia de lo ocurrido en la última edición de Fitur, habrá un espacio concreto para que estas localidades y otras que así lo deseen difundan sus atractivos, organicen actos, reuniones y negociaciones, pero bajo el paraguas común de la promoción regional como marca única. Según remarca, no hay discrepancias sobre promoción y, en principio, el acercamiento se confirmara en la próxima edición de la feria internacional en la capital española.

Sobre el alquiler vacacional, y tras las últimas sentencias que siguen anulando partes del decreto aprobado a última hora del mandato anterior, Castellano confía en que el proceso de exposición pública del nuevo texto, las alegaciones y la redacción final queden concluidos en los próximos meses y entre en vigor a principios de 2019. No obstante, y ante las dudas de que la manta no tape por igual los intereses de los que promueven este alquiler y asociaciones de hoteleros como Ashotel, se muestra convencido de que el nuevo decreto sí logra un equilibrio entre ambas posiciones y que, además, los cabildos y ayuntamientos, "que conocen mejor sus ámbitos territoriales", contribuirán a resolver el conflicto desde la flexibilidad.