La Comunidad canaria tenía pendiente de cobro al cierre de 2015 un total de 433 millones de euros previstos en el apartado de ingresos, según el informe que detalló ayer en comisión parlamentaria el presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco. De esa cifra, que Pacheco desvincula con contundencia de cualquier lectura de amnistía fiscal encubierta que se quiera hacer, tal y como sostuvo Manuel Marrero (Podemos), el PSOE ya da por perdidos unos 240 millones, según señaló Iñaki Lavandera apoyándose en el 55% apuntado por la propia CC por ser superior o estar cerca a los 4 años, el límite prescripción.

Pacheco achaca estas dificultades para los cobros de 2011 a 2015 en impuestos, tasas y otros conceptos a, entre otros motivos, el cambio en el sistema informático efectuado, por los problemas con una aplicación y la falta de conectividad entre algunos sistemas. Además, recalcó que los principales obstáculos se hallan en cobros pendientes e elevada cuantía, seguramente vinculados a empresas o particulares afectados por la crisis que no cumplen tampoco en la vía ejecutiva, tesis esgrimida también por la nacionalista Elena Luis. Pacheco, eso sí, remarcó que han tomado medidas para solventar las deficiencias técnicas y recordó que, si bien la fiscalía del Tribunal de Cuentas abrió diligencias preliminares por posible responsabilidad contable en este caso debido a la alta cifra de cobros pendientes, acabó archivándolo.

Frente a este planteamiento, el PSOE recalcó que se trata de una tendencia que viene de atrás y que seguramente se ha agravado en los últimos años. De hecho, lavandera teme que, al cierre de 2016, la cifra global sea superior a los 500 millones, al tiempo que alertó ayer de que, con esta situación, no se podrán cumplir las previsiones de superávit del propio Gobierno.

El resto de grupos fueron también muy críticos con los datos, sobre todo porque muchos casos, aún vivos o ya prescritos, se deben a la falta de notificaciones por parte de la administración, lo que pone muy en entredicho la gestión y eficacia tributarias. Además, censuran que este informe llegase al Parlamento en diciembre de 2016 y se haya presentado y debatido casi 2 años después. Entre otros datos, se destacó que quedasen 9.593 liquidaciones pendientes de notificar, de las que 8.669 llevaban más de 4 años así.

José Tomás Estalella (PP) habló de "desastre absoluto" y cree que faltan personal y más medios; Esther González (NC) considera innegable la "nefasta gestión" y Jesús Ramón Chinea lamenta la "falta de diligencia".

Grupos como el PSOE y NC no lo consideran tan contundente y hasta dudan de que agrave la situación procesal del expresidente de RTVC Willy García, pero la intervención ayer del presidente de la Audiencia sobre la gestión en el ente de junio de 2011 a finales de 2013 fue, por momentos, demoledora. Si bien asumió que no es tolerable que un informe pedido por el Parlamento en 2014 se entregue ahora, Pacheco reconoció que han detectado graves irregularidades en no pocos contratos de la tele y la radio por no cumplirse la ley o, simplemente, por falta de documentación. Entre otras cuestiones, aludió a adendas a contratos que, en realidad, incluían tantos cambios que eran otro contrato diferente. También alertó de usos de partidas mal justificados, de incumplimientos requisitos técnicos en los trámites de contratos menores de 50.000 euros o de falta de concurrencia, negociación o participación abierta en otros superiores, así como del pago de prestaciones antes de haberlas recibido o de carencia de controles de calidad, de si se estaba al día con la seguridad social o el fisco, aparte de las condiciones laborales. Y todo, pese a que reconoció dificultades para hallar información.

Hasta CC, en boca de José Miguel Ruano, asumió que la gestión en este periodo merece muchas críticas y que espera que todo lo dilucide la justicia, si bien aludió al nuevo escenario e invitó a evitar estas situaciones con la nueva ley. En esa línea, Melodie Mendoza (ASG) cree muy acertado el acuerdo de su grupo con CC y el PP para que la presidencia del órgano sea rotativa.

Mucho más crítica fue la visión del resto de partidos, que creen que lo ocurrido en estos dos años no ha dejado de producirse hasta, al menos, la designación del administrador único, según NC. Lavandera cree débil el informe, el PP habló de "chiringuito" y Podemos lamentó la imagen dada de la RTVC.