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FUERTEVENTURA /TRIBUNALES

Antona dice que destituyó a Montelongo ante la "caza de brujas" en el PP majorero

Puerto del Rosario (Fuerteventura), EFE
24/sep/18 15:17 PM
eldia.es
El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, a su llegada al juzgado para declarar como testigo./CARLOS DE SAÁ (EFE)

El líder del PP en Canarias, Asier Antona, ha asegurado hoy que actuó de "manera inmediata" en el partido en Fuerteventura cesando a su presidenta, Águeda Montelongo, y nombrando una gestora, a petición de la dirección nacional y frente a "la caza de brujas" que había en la isla.

Antona ha compadecido hoy como testigo en los juzgados de Puerto del Rosario en el litigio civil abierto por Águeda Montelongo y el exsecretario insular, Carlos Figueroa, para recurrir las decisiones que tomó la dirección del partido en Canarias.

El Comité Ejecutivo Autonómico creó el pasado 6 de abril una gestora para controlar el partido en Fuerteventura, lo que trajo consigo la destitución de Águeda Montelongo y la celebración de un congreso que proclamó a Fernando Enseñat como nuevo presidente.

Asier Antona ha defendido ante la titular del Juzgado número 6 de Puerto del Rosario, Ana María Sanz, que era notorio que la situación dentro del partido estaba "deteriorada desde hacía mucho tiempo como así lo denunciaron los afiliados y cargos públicos".

El presidente de los populares también ha defendido la actuación del Comité Ejecutivo después de que, en una rueda de prensa celebrada unos días antes, 10 de los 16 cargos públicos del PP en la isla, entre ellos el senador y la diputada, denunciaran la situación de "dictadura" que existía en el partido.

Antona ha relatado episodios en el partido en Fuerteventura marcados por la "falta de transparencia, la opacidad y la negación de la entrada a afiliados que desencadenaban en envíos de decenas de cartas al partido con quejas".

"La dirección nacional pidió a la regional que actuáramos y así hicimos", ha insistido Antona a la vez que ha asegurado que "era inadmisible" que se expulsara a más de 100 afiliados del partido, en decisiones que más tarde fueron revocadas por el Comité de Derechos y Garantías nacional del PP.

Ante las preguntas del abogado de los demandantes, José Ramón González, Antona ha manifestado que no fue posible "consensuar el diálogo", a pesar de que "la dirección regional usó todos los medios posibles para buscar una solución a esta situación insostenible donde había una caza de brujas".

El popular ha defendido, durante su intervención, que actuaron "escrupulosamente" tal y como marcan los estatutos y los comités de Derechos y Garantías regional y nacional que revocaron las expulsiones de los afiliados y siempre "velando por los derechos de los afiliados que fueron totalmente desprotegidos".

Por último, ha aclarado que la junta del 6 de abril que aprobó la comisión gestora se aprobó por mayoría por parte de los miembros salvo una abstención.

Asimismo, ha insistido en que la gestora trajo "objetividad y transparencia" con el nombramiento para dirigirla de los letrados Carlos Ester y Luz Reverón, "personas con solidez y trayectoria política" suficientes para velar por los derechos de los afiliados.

La secretaría general del PP canario, María Australia Navarro, también ha declarado como testigo defendiendo que se actuó correctamente y aclarando, a la pregunta del abogado, que el Comité Ejecutivo del que salió la comisión de gobierno transitoria fue convocado el 30 de marzo, y el orden del día, dado a conocer el 3 de abril, "dentro del plazo previsto".

Según Navarro, "Montelongo excusó su presencia por motivos personales para asistir al Comité Ejecutivo" y también ha aclarado que no fue posible notificarle la decisión del Comité a pesar de sus intentos por varias vías.

Carlos Ester, que presidió la gestora, ha defendido ante la juez que no usó un cerrajero para entrar en la sede de Puerto del Rosario tal y como se le acusaba por el equipo saliente y ha coincidido con María Australia Navarro en que se intentó contactar con Montelongo para informarle de la creación de la gestora, pero no fue posible a pesar de enviar correos electrónicos, llamadas de teléfono, whatssap, burofax y una notificación.

Ester ha asegurado a los asistentes que, en 24 años en el partido,"“nunca había visto una situación como la que se vivía en Fuerteventura donde, incluso, había personas creyendo que llevaban años afiliadas y no era así".

También ha declarado la actual senadora del PP, Esther Hernández, que ha denunciado las constantes "humillaciones" a los que eran sometidos por parte de la presidenta Águeda Montelongo.

El abogado de los demandantes ha asegurado, tras la lectura de conclusiones, que se produjo "una vulneración de los derechos fundamentales" al no dar a Montelongo la posibilidad de defenderse.

A su juicio, la presidenta del PP de Fuerteventura fue "decapitada" sin ningún tipo de "explicación ni motivación" y ha manifestado que todo fue producto de un plan "orquestado para acabar con la organización del partido", por lo que ha pedido la nulidad del Comité Ejecutivo del 6 de abril.

El abogado del PP, Jorge Rodríguez, ha subrayado que la formación política reaccionó por la situación que había en Fuerteventura para proteger los derechos de los afiliados y ha solicitado la desestimación integra de la demanda y el pago de costas a los demandantes.

El Ministerio Fiscal, presente como parte al tratarse de una alegación de vulneración de derechos fundamentales, se adhirió a las conclusiones de Rodríguez manifestando que no hubo vulneración de derechos y solicitó la desestimación.

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