Con unanimidad, si bien con matices, el Parlamento de Canarias dio ayer un paso clave para que las Islas dispongan de su primera ley de calidad agroalimentaria. Una norma que, según recordó Concepción Monzón (Podemos), se lleva tramitando desde hace 9 años y que, en palabras del consejero de Agricultura, Narvay Quintero, se ha acelerado de forma intensa durante los últimos meses con el fin de hacerla realidad en este mandato e incrementar así no solo las garantías de calidad en los alimentos que se consumen en el Archipiélago, sino los controles sanitarios y medioambientales.

En su intervención, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca elogió el trabajo de los técnicos y las contribuciones de los distintos sectores para hacer realidad el texto, que ahora queda a expensas del último trámite parlamentario antes de su aprobación definitiva con las enmiendas aceptadas a los distintos grupos.

Quintero no solo recaló la relevancia de que Canarias cuente con una ley que permita un marco claro sobre las garantías, derechos y obligaciones en la elaboración, venta y consumo de productos agroalimentarios, sino que insistió en que esto es perfectamente compatible con la reducción de la burocracia y los trámites para llevar a cabo precisamente los controles alimentarios y sanitarios.

Según recordó, se trata de una norma reclamada durante muchos años por numerosos subsectores y que, desde ahora, aportará un marco legal claro sobre cómo se debe producir, elaborar y vender los distintos productos.

Además, remarcó que la norma reforzará los productos isleños, que, de por sí, se han afianzado como de alta calidad, mencionando expresamente los vinos o quesos. Asimismo, y por lo anterior, cree que se contribuirá más a reforzar a los productores isleños, a los que apuestan por la agricultura ecológica y a mantener la población rural en sus actuales asentamientos y explotaciones.

En línea con lo expuesto por diversos grupos, el consejero asume que se debe incrementar el control para evitar la importación y venta de productos como canarios que no son tales y que no solo suponen una competencia desleal, sino que ponen en riesgo precisamente las garantías que busca precisamente esta ley. Por eso, se pone especial hincapié en los etiquetados y en la inspección, para lo que se necesita mucho más personal.

Sin duda, y con permiso de la intervención de Cristina Valido contra el PSOE sobre dependencia, el intercambio más potente de ayer lo propiciaron el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, y el diputado socialista Gustavo Matos por la situación general del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Si la primera intervención del lagunero ya fue dura, la respuesta de Baltar, sus alusiones al anterior consejero (Jesús Morera) y lo que entendió como regates a las principales críticas encendieron al representante del PSOE, quien le espetó varias veces al responsable de Sanidad que está ejecutando "una OPA hostil contra el HUC". Aparte de acusarlo, de nuevo, de falsear las listas de espera y recordarle que se están dando citas para 2021 y 2022, Matos sustentó esa acusación en que, de momento, a los trabajadores del hospital se les deben 88.000 horas extra, mientras que a los médicos de urgencias, 13.000. Además, le preguntó si se ha pasado por el HUC y si conoce los riesgos de contagio en la cocina, la farmacia (sobre todo por los medicamentos a conservar por debajo de 25 grados). Por supuesto, aludió a la polémica por la bacteria y dejó caer la inexistencia o nula actualización de un plan de seguridad y evacuación. Según subrayó, "el hospital es tan deficiente que está obsoleto hasta el cuadro eléctrico y, por eso, no se pudo conectar ni la resonancia regalada por el dueño de Zara, optando al final por un apaño". A su juicio, el consejero está más preocupado por la concertación y su futuro.

Baltar no escondió su sorpresa y malestar por el tono y algunas afirmaciones de Matos, indicó que habían acudido a hablar de cuestiones distintas, resaltó la incorporación de más de 300 profesionales en su etapa, negó que culpe a Morera de algunas situaciones, recalcó que no miente con ningún dato (esperas incluidas) e insistió en que están cambiando la cultura de organización del HUC, recordando que, al principio, fue un centro concertado.

Además, el consejero siguió la línea argumental de la portavoz de CC, Guadalupe González Taño, quien remarcó, con diversas páginas de periódicos, que solo en Andalucía, "la región referente del PSOE", se han dado casos de bacterias con diversas muertes hasta en tres hospitales durante el presente mes de septiembre.

Por el resto de grupos, Román Rodríguez contrarrestó las diferencias entre el HUC y el Doctor Negrín, mientras que el PP, si bien lamentó algunas carencias, también censuró lo genérico de la comparecencia pedida.

Valido exige al PSOE que presione en dependencia

Otro de los debates intensos de ayer se centró en dependencia y mostró a una consejera del área social, Cristina Valido, muy enojada por las intervenciones de María Teresa Cruz Oval (PSOE). La responsable del departamento no solo negó que esté manipulando o mintiendo sobre los datos, la supuesta desaceleración y las listas de espera, sino que, en tal caso, culpa de esos números al Ministerio, pues proceden de ahí. Valido achaca que haya muchas más peticiones que resoluciones a la falta de personal y recursos, pero fue muy crítica con el PSOE y le exigió que, a su vez, pida en Madrid lo que llevan demandando aquí hace tiempo. Es más, anunció que tendrá una reunión en breve con el Ministerio y que trasladará las tesis del PSC para saber si le mienten allá. Para Cruz Oval, la gestión de Valido hace aguas y solo se escuda en la etapa de Patricia Hernández.

PNL a favor de un centro sociosanitario en Güímar

Por la tarde, el pleno respaldó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) conjunta que insta al Gobierno regional a que, a su vez, pida al Cabildo tinerfeño que promueva la creación de un centro sociosanitario en el Valle de Guímar, en línea con la iniciativa impulsada por colectivos vecinales de la comarca y respaldada por los consistorios.

Propuesta reivindicativa con las energías limpias

Con el apoyo de ASG, PP y NC, y la abstención del PSOE y Podemos, la cámara apoyó ayer una PNL de CC que exige al Gobierno central que cumpla lo acordado con el ejecutivo previo del PP respecto a la subasta de energía eólica de este año y la del próximo, así como la de fotovoltaica. Gustavo Matos presentó enmiendas que no aceptó Socorro Beato, a la que acusó de, junto a Clavijo, hacerle el juego al PP, criticar y exigir al PSOE lo que no pidieron con Rajoy y ejercer de "medianeros" de los conservadores. Por supuesto, Beato rechazó con contundencia las acusaciones.

No a paralizar el nuevo puerto de Agaete

CC, PP y ASG se valieron ayer para rechazar una propuesta de Podemos por la que se solicita que se paralice el proyecto del nuevo "macropuerto" de Agaete, dado que el proyecto ya lo rechazan el Cabildo grancanario y el propio ayuntamiento, lo que en su día esgrimía CC. Podemos, PSOE y NC apuestan por una consulta ciudadana local o insular.