La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, la nacionalista Rosa Dávila, intensifica sus críticas a lo que considera un claro trato privilegiado hacia Cataluña por parte del Gobierno central y una injusticia con las comunidades más cumplidoras con los límites de deuda y gasto. Si Dávila lleva tiempo advirtiendo de que no aceptarán discriminaciones, en línea con las últimas declaraciones del presidente Fernando Clavijo, la confirmación de que el Estado se hará cargo de 1.500 millones de la deuda catalana ha soliviantado aún más a la consejera, que lo considera un claro trato de favor.
Para Dávila, resulta totalmente injusto que esos 1.500 millones los vayan a pagar todos los españoles pese a que Cataluña es la comunidad con peores datos de deuda. Según subraya y atendiendo a las cifras del Banco de España, la deuda total de Canarias con el Estado en marzo pasado (que es el último mes analizado) era de 6.984 millones de euros, de los que 4.928 millones son de partidas directas con la Administración central.
Esto contrasta con los datos que arroja Cataluña, que asciende a un total de 77.478 millones en esa fecha, con nada menos que 54.382 millones directamente con el Estado. Esto significa que, en términos absolutos, es la más alta del país, sin que a comunidades como Canarias se les haya permitido una aportación como esos 1.500 millones.
Si estos datos se trasladan a los habitantes en cada una de las dos comunidades, los isleños mantienen una deuda de 3.175 euros, que es la cifra más baja de toda España. Una cantidad que, en comparación con Cataluña, supone una tercera parte menos, ya que cada residente en esa región debe 10.620 euros. Por supuesto, y según se subraya desde la consejería regional de Hacienda, la peor cifra del país.
Para la consejera, lo que ha ocurrido es que se ha consumado una colectivización de parte de la deuda catalana, de manera que, en vez de abonarla la región que más se ha endeudado y menos ha cumplido, sean todos los españoles los que aporten esos 1.500 millones sin atender a los esfuerzos realizados en sus propias comunidades ni si sus gobiernos fueron más o menos cumplidores de los ratios fijados. "Tenemos que tener claro -señala Dávila a El Día- que lo que ha hecho Cataluña es sacar de una gaveta las facturas sin pagar y endosárselas al Estado para que seamos todos, incluidos los canarios, los que paguemos años de desviaciones". Una gestión que se traduce en esos 10.347 euros y que contrasta con los datos de Canarias, que Dávila atribuye a "años de esfuerzos y de apretarnos el cinturón para no gastarnos lo que no teníamos, logrando que nuestra deuda per cápita sea la más baja del país".
Esto significa que, según las agencias crediticias S&P y Fitch, que miden la calidad de las deudas, la de canarias sea considerada como media-superior. Eso sí, Dávila matiza que esta calificación coincide con la del país porque, según las normas de este tipo de análisis, no se le permite a una región lograr una nota superior a la del territorio nacional, tal y como resaltan las propias las agencias en sus informes. En cambio, el contraste claro se da con Cataluña, cuya deuda "está a un paso del bono basura y tiene la misma calificación de países como Kenia, Bangladesh o Montenegro".
La consejera se congratula de que el saneamiento de las arcas de la comunidad autónoma demuestre la solvencia de la región y refuerce los atractivos para la inversión exterior, siempre muy atenta al contexto general de cada sitio. Sin embargo, cree injusto lo que ha pasado con este abono de 1.500 millones acordado recientemente entre el Gobierno central y el de la Generalitat.
El acuerdo entre el Gobierno central y el de la Generalitat para el pago de esos 1.500 millones lo entienden muchos como la antesala de un enfriamiento de la tensión por el proceso secesionista y de futuras apuestas de encaje en el Estado de parte de los soberanistas. Sin embargo, la lectura en otras regiones es bien diferente y, de hecho, Rosa Dávila ha advertido desde julio de posibles tratos injustos en compensación por los apoyos que obtuvo el PSOE para sacar adelante la censura.
Como remarcara desde el cambio de gobierno, la consejera se opone a condonaciones de deuda a regiones que, como la catalana o valenciana, han incumplido de manera flagrante los topes de gasto y otros indicadores. Además, critica que, frente a la visión que tenía la ministra de Hacienda cuando era consejera andaluza del sistema de financiación autonómico, se haya dejado en el aire su renovación, si bien Cataluña parece estar dispuesta ahora a asistir a las reuniones.
Aunque en Canarias hay lecturas que abogan por no cambiar el sistema en las circunstancias políticas actuales, sobre todo tras sacarse el REF de la financiación, recuperarse todo el Igte y parte del dinero recortado en la crisis, el Gobierno regional sigue creyendo mejor renovarlo y que a Canarias se la trate como merece: "De forma distinta para ser iguales", según repite siempre Clavijo. Otra reivindicación e incertidumbre pendiente es la de la regla de gasto y si se podrá invertir el superávit, en el que Canarias es también líder estatal.