El sindicato CSIF presentó el pasado miércoles un escrito en la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario para solicitar "que se tomen cuantas medidas sean necesarias para corregir de forma inminente" aquellas situaciones "contrarias a Derecho que se están produciendo" presuntamente "en los centros de internamiento educativos de menores infractores (Ciemi)" del Archipiélago.
El portavoz de dicha organización sindical, Gustavo Villalobos, asegura que se ha planteado al Ejecutivo autónomo que "rescinda el contrato" con la empresa encargada de la seguridad privada en las citadas dependencias, Alcor. Según Villalobos, el motivo es el "incumplimiento" que dicha compañía tiene con los trabajadores, al no respetar a toda la plantilla a la hora de aplicar el convenio nacional de seguridad privada. Es decir, que una parte de los empleados están sujetos al convenio de empresa, que, entre otras cosas, contempla 184 horas de trabajo mensuales, por las 162 estipuladas en el acuerdo colectivo en vigor en toda España.
Además, añade que la citada empresa no cumple de forma adecuada con los turnos de descanso del personal. Otra petición consiste en la destitución de forma inmediata del director de seguridad integral de dichas instalaciones, "como máximo responsable de la lamentable situación" en los referidos centros. Respecto a dicho directivo, vinculado a la Fundación Ideo, el CSIF lo responsabiliza del incumplimiento continuo en materia laboral, administrativa y de prevención de riesgos laborales.
La tercera demanda pasa por proteger todas las garantías básicas de la totalidad de los trabajadores en diferentes ámbitos.
Las quejas se han planteado ante la Inspección de Trabajo, la unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional y la ya citada Consejería de Políticas Sociales del Ejecutivo autónomo.
El viceconsejero de este último departamento, Francisco Candil, afirmó ayer que la empresa Alcor Seguridad "ha ido cumpliendo con lo que se le va exigiendo".
Respecto al director de Seguridad de los Ciemi, Candil aclaró que "no tenemos ningún motivo para dudar de su capacidad y su competencia".
Para el viceconsejero, las quejas del Comité de Empresa obedecen a "otros problemas de tipo laboral".
Francisco Candil recordó que en los centros de internamiento de menores de Valle Tabares y La Montañeta se trabaja "con adolescentes conflictivos que tienen medidas judiciales". Por eso, explicó que "hay que tener en cuenta el perfil de la población con la que trabajamos y las situaciones que se producen en esas dependencias". Reconoció que en los citados recursos pueden existir "circunstancias complicadas, como en cualquier otro centro de España". El viceconsejero de Políticas Sociales señaló que los centros de Valle Tabares y La Montañeta no son de los más conflictivos del país. Respecto a las reivindicaciones realizadas por parte del Comité de Empresa, Candil cree que "a estos asuntos hay que acercarse con más sensibilidad y cuidado". Indicó que "hacemos un trabajo serio, con decisiones contrastadas y mediante el diálogo con jueces y fiscales". Añadió que "el objetivo es mejorar".