En vísperas de la presentación de la nueva campaña extraordinaria de inspección, el director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Miguel González, destaca el incremento en la eficacia de las actuaciones inspectoras y expresa su convencimiento de que la tasa de paro en las Islas baje pronto del 20%.

¿Le ha sorprendido el descenso de la tasa de accidentalidad laboral?

Ahora hay más población ocupada, un cierto incremento en algunos capítulos de la accidentalidad -nos preocupa uno específicamente, el de la construcción-, pero el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores cae. Ya es una tendencia. Nos sorprende gratamente que determinados tipos de acciones que hemos desarrollado hayan tenido una cierta eficacia. Ahora queda que baje la accidentalidad bruta, el número de accidentes, porque queda mucho camino por recorrer.

¿Qué sucede con la construcción?

Se está incrementando su valor añadido bruto sobre el resto de sectores y las opciones de empleabilidad, pero también la accidentalidad. Esa preocupación nos hizo abrir una mesa técnica, que va a tener frutos en muy poco tiempo. No es lo mismo un trastorno músculoesquelético en la hostelería que una caída a diferente nivel en la construcción.

¿Por qué se ha comportado así?

Los procesos de recuperación económica normalmente están teñidos en un principio de incertidumbre. El empresario se pregunta hasta cuánto aguantará con ese aumento en su cartera de pedidos y se producen deficiencias en la inversión en materiales.

¿Cuándo estará la guía de riesgos laborales para camareras de piso?

Ya está prácticamente ultimada. Será presentada en octubre. Facilitará a todos los agentes la mejora en la prevención de riesgos laborales en la hostelería.

Pero no es de obligado cumplimiento.

Lo que es de obligado cumplimiento es la ley de prevención de riesgos laborales. La guía es un instrumento para hacerla cumplir de forma más objetiva.

¿Confía en que los empresarios hoteleros la apliquen?

Las patronales y los sindicatos han colaborado activamente. La intención es que los instrumentos consensuados sean usados.

¿Hay explotación en el sector hotelero?

Explotación es una palabra grandilocuente que se usa para hacer más llamativo un problema, pero eso no significa que la solución sea diferente a la que se está aplicando. Nos gustaría que todo el mundo tuviera unas condiciones laborales inmejorables, pero como centro directivo actuamos cuando la modalidad contractual es inadecuada o si una persona está expuesta a unos riesgos inadecuadamente evaluados. El concepto explotación entra en otro tipo de circunstancias mucho más graves que van más allá de las relaciones laborales.

¿Se dan más irregularidades en el sector de los establecimientos alojativos que en otros?

En las campañas de inspección tenemos que ir a los lugares donde hay más empleo, pero no hay ningún tipo de obcecación con determinados sectores. Una sanción es un fracaso. Por eso, salvo dos líneas rojas -las personas sin contrato o las que cobran la prestación y ejercen una actividad-, se da la figura del requerimiento de subsanación. Queremos más actividad económica y más empleo. Si desde el principio pones el listón muy alto, consigues el efecto contrario al que buscabas.

¿Qué resultados han dado las actuaciones de la inspección?

Hasta el primer semestre del año se han mejorado las condiciones laborales a casi 5.000 personas. En todo 2017 fueron 10.300.

¿La inspección de trabajo necesita más recursos?

Así se le ha solicitado al Estado. Este año se han incorporado seis plazas nuevas. Para el año que viene el Estado nos ha hecho saber que tendremos una mayor capacidad en recursos humanos.

¿La Inspección vuelve en estas campañas sobre las empresas que ya han sido sancionadas?

Habíamos detectado que en las anteriores campañas entraban, generaban la sanción correspondiente y se iban. Anunciamos tanto las campañas porque tienen un efecto preventivo, pero también anunciamos que volvemos un tiempo después. No nos vale que se solucione simplemente porque nosotros decimos que se haga, sino que se solucione de forma permanente. Si no, el grado de la sanción se incrementa.

¿Suelen cumplir?

Hay un mayor nivel de cumplimiento. El año pasado se recuperaron 54 millones de euros en cotizaciones y 18 en sanciones. Eso no significa que se incumpla más que antes, sino que somos más eficaces. En un solo año hemos subido un 10% en eficacia y estamos por encima del 50%.

Los empresarios les han pedido más control sobre la economía sumergida. ¿Les han hecho caso?

Estamos intentando incorporar presupuesto para los gabinetes de las organizaciones empresariales y sindicales dirigidos a abordar la economía sumergida, esperamos que en 2019 sea posible con los presupuestos de la Comunidad Autónoma. En breve saldrán campañas de sensibilización, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Si yo consumo un bien o un servicio que procede de la economía sumergida, la estoy apoyando. Toda oferta existe porque hay un mercado que la consume. La economía sumergida tiene valor social, no solo como sostenedor de renta, aunque no es admisible y es necesaria una tolerancia cero, sino también porque el mercado te está diciendo que necesita ese bien o ese servicio. Por eso intentamos que aflore.

¿Bajaremos de 200.000 parados en los próximos meses?

Creo que sí. La opción ya no es solo bajar de los 200.000, sino también del 20% de tasa de paro. Eso está al alcance del mercado, viendo la evolución del desempleo y de los cotizantes. En Canarias, afortunadamente, se están dando las dos circunstancias: ante un incremento de la población activa no solo disminuye el desempleo, sino que aumentan los ocupados. Esa es la mejor combinación. A eso añadimos que el 13% de los contratos mensuales son indefinidos: aunque sea insuficiente, en el año 2000 la tasa era del 2% y antes de 2007 era del 9%. Al menos se está en la tendencia adecuada.