El nuevo convenio de hostelería para la provincia de Santa Cruz de Tenerife prevé un aumento salarial del 10,25 y llegar al 65 por ciento de plantilla fija, en un acuerdo que no supone "ni el más mínimo retroceso en los derechos laborales", informaron hoy Ashotel y Sindicalistas de Base.

El convenio provincial de hostelería 2018-2022 fue firmado el 11 de octubre por la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) y por Sindicalistas de Base, mayoritario en el sector al contar con 621 delegados, frente a 141 de UGT, 121 de CCOO y 48 de Intersindical Canaria.

Entre otros aspectos, el convenio establece la obligación de las empresas de realizar una expresa medición de tiempos del trabajo de las camareras de pisos en sus controles diarios -limpieza de habitaciones de cliente, salidas, repasos, camas extras- que, junto a una evaluación de ergonomía, carga Física y carga mental, determinará la obligación de negociar en cada establecimiento un acuerdo de regulación de su trabajo diario.

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, que expuso los detalles del acuerdo en rueda de prensa junto al secretario de Comunicación de Sindicalistas de Base (SB), Manuel Fitas, subrayó que el convenio plasma el esfuerzo realizado por la patronal para dotar al sector de estabilidad ante la incertidumbre que plantean escenarios como el Brexit y la reactivación de destinos competidores de Canarias.

El convenio afectará a 63.303 trabajadores de la hostelería en Santa Cruz de Tenerife, de los que 26.128 prestan sus servicios en establecimientos hoteleros y extrahoteleros y 37.175 a restauración.

Manuel Fitas afirmó que la firma del anterior convenio igualmente generó una inestabilidad al sector después de que CCOO negociase unos pactos salariales que dieron lugar a demandas por discriminación salarial, entre otras cuestiones.

Esta situación de inestabilidad en el sector determinó que, pese a quedar un año de vigencia para la finalización del convenio, la patronal solicitara la apertura de la negociación nuevamente para adaptarlo a las resoluciones judiciales, propuesta que finalmente fue aceptada por unanimidad de la parte sindical de la comisión negociadora, añadió Fitas.

La vigencia del nuevo convenio de hostelería se establece en cuatro años, del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2022, con una revisión mínima garantizada para los conceptos económicos y de los pactos salariales firmados, y se establece una "revisión mínima garantizada" por cuanto el incremento del salario base para el primer año es superior al 3 por ciento.

Destacó Manuel Fitas que el incremento salarial medio para 30.000 trabajadores de la restauración será del 20 por ciento, con lo que el salario mínimo para un ayudante en una cafetería, bar o restaurante será de 16.800 euros, una medida con la que se pretende luchar contra la economía sumergida "generalizada" en el sector.

Además se impone que el personal con contratación a tiempo parcial no podrá tener turno partido y disfrutará de un descanso mínimo computable como tiempo de trabajo de 15 minutos, derecho que el convenio establece de 30 minutos sólo para el personal con contrato y jornada continuada superior a seis horas.

Se establece un incremento adicional al plus de transporte de 1,50 euros diario por turno partido, lo que pretende compensar la penosidad de dicho trabajo, principalmente del personal de restaurante a turno partido de servicio de "desayuno y cena" que tendrá un incremento adicional de 33 euros mensuales.

También se regulan los nuevos derechos de maternidad y paternidad establecidos en la ley y se incorpora a los trabajadores de reparto a domicilio de restaurantes y establecimientos de comida rápida, entre otros similares.

A juicio de Manuel Fitas, el convenio supone convertir en acuerdo y en derechos para los trabajadores el 90 por ciento de las demandas presentadas a la patronal, aunque Sindicalistas de Base tenía "un objetivo más ambicioso" de incrementar en mayor cuantía el salario base determinadas empresas del sector alojativo, sobre todo hoteles.

Por ello, el sindicato prevé hacer un estudio de dichas empresas, en las que calcula que trabajan unos 6.000 empleados, para interponer requerimientos de actos preparatorios ante el Juzgado de lo Social, previos a las demandas por incumplimiento del convenio de hostelería.