La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, continuó ayer con su ronda de contactos para explicar el proyecto presupuestario regional para 2019, aunque ya con la seguridad del apoyo del PP y ASG. Durante la mañana de ayer, Dávila se reunió en Gran Canaria con los miembros del Consejo Económico y Fiscal (CES), cuyo presidente, Blas Trujillo, se suma a las voces que reclaman que el superávit de las administraciones pueda destinarse a potenciar los servicios básicos, para lo que se requiere modificar la llamada regla de gasto por parte del Gobierno central.

En el caso de la Comunidad canaria, el superávit asciende a 598 millones y el Gobierno insiste en la conveniencia de que se puedan usar para Sanidad, Educación o Servicios Sociales. Así se lo pidió Fernando Clavijo al presidente español, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron al mediodía del jueves. Sánchez se mostró predispuesto y, según Clavijo, remarcó esa solicitud, pero la vinculó al dictamen que haga la UE del presupuesto estatal acordado entre el Gobiermo socialista y Podemos.

En declaraciones a El Día, Dávila recalcó ayer la importancia de que entidades como el CES se unan a esta reivindicación. Asimismo, se mostró muy satisfecha por la reunión con los empresarios, sindicalistas, representantes de las universidades y el resto de miembros del Consejo, algunos de los cuales ya conocían buena parte de las pretensiones de las cuentas autonómicas para el próximo año. Según recalca, y aunque hubo diversas propuestas, las impresiones son muy positivas y no hubo contestación a ninguna medida. De hecho, incluso notó "muy buena acogida a la rebaja del Igic" en medio punto, si bien por parte de los empresarios.

Dávila resalta también la situación económica en general de las Islas y, sobre todo, el prestigio de la Comunidad, que ha logrado la máxima nota por parte de la agencia Fitch por su baja deuda y, a su vez, por la estabilidad política, algo que cree muy significativo.

Antes de verse con los integrantes del CES, la consejera remarcó ante los medios que los presupuestos de Canarias incluyen una disposición para que, si finalmente el Gobierno central permita a las Islas aplicar el superávit, se destinará expresamente a los servicios públicos esenciales, más allá de las medidas sociales acordadas con el PP para que haya un Igic al 0% para productos básicos como el pan, el aceite, las pastas o la factura eléctrica.

La consejera subraya que las Islas contarán con nuevas cuentas el 1 de enero y cree muy relevante el consenso existente "sobre las prioridades de estos presupuestos, que no son del Gobierno, sino de todos los canarios, con el refuerzo de la sanidad, educación y políticas sociales, así como la dinamización económica, la bajada de impuestos y la contención del gasto como principales objetivos.

En Sanidad, por ejemplo, Dávila indico que aumentará el gasto para combatir las listas de espera, implantar todo el plan de urgencias canario y atender a los enfermos crónicos y de cuidados paliativos, siempre en coordinación con las políticas de atención a dependencia e incremento de plazas iniciadas con los cabildos. También se fortalecerán la atención primaria y los programas dirigidos a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

El portavoz de NC en el Parlamento canario, Román Rodríguez, dejó claro ayer que se opondrán al presupuesto pactado entre CC, PP y ASG por considerarlo "de continuidad y de derechas". A su juicio y desde una perspectiva progresista, los grupos de izquierdas deben presentar una enmienda a la totalidad a unas cuentas que, solamente por la rebaja del Igic del 0,5%, pueden suponer una reducción de los ingresos de 180 millones de euros, si bien admitió que aún han de analizarlos más a fondo. Una reducción que, pese a las afirmaciones contrarias de los grupos a favor, debilitará aún más los servicios públicos y perjudicará a los que menos tienen.

Para Rodríguez, lo que se necesita en Canarias es una política fiscal mucho más progresiva. En su opinión, resulta cínico gravar a los vehículos eléctricos mientras se fija un 0% de Igic en facturas eléctricas que harán que las grandes superficies, por ejemplo, no abonen el impuesto por su luz. Frente a esto, propone aumentar los tipos del 9,5 al 11% y del 13,5 al 15% para los "gastos suntuarios". Según sus cálculos, se puede recaudar entre 200 y 240 millones más.

Sobre la reunión de Sánchez y Clavijo, cree que el balance es muy débil porque, en el fondo, los compromisos se limitan a cumplir el presupuesto estatal de 2018. "Para eso, hubiera bastado con 15 minutos", afirmó.

Podemos pide rebajar el IGIC en las viviendas

Los diputados de Podemos Noemí Santana, Manuel Marrero, María del Río Sánchez y Francisco Déniz detallaron ayer las 100 propuestas que le han expuesto al Gobierno para los presupuestos de 2019 y que, ante la negativa de Clavijo, se convertirán en enmiendas o iniciativas legislativas. La formación rechaza gran parte del proyecto económico pactado entre CC, PP y ASG. Frente a algunos de los puntos de la rebaja fiscal, Marrero insistió ayer en la necesidad de mantener la reducción del Igic para adquirir la primera vivienda para menores de 35, potenciar el alquiler y un Igic reducido por tramos para el resto, bajándolo también para los locales de pymes y autónomos. Asimismo, piden la exención del Igic para los productos de higiene personal básica y, como NC, subir los de lujo del 9,5 al 10% y del 13,5 al 15.

Insiste en la renta básica y en una banca pública

Como en otras ocasiones, Santana volvió ayer a plantear que los presupuestos regionales incluyan una renta básica, si bien se congratula de que el Gobierno no descarte que la PCI acabe adoptando características muy similares a una percepción de ese tipo, "que no se limite a dos años". Podemos lo llevará ahora al pleno como iniciativa legislativa y pone como ejemplo lo hecho en el País Vasco y Baleares. Asimismo, reiteró la necesidad de dar pasos hacia una banca "ética y pública" que facilite la liquidez a las pymes y autónomos isleños. Santana es consciente de la dificultad de implantar algo así en poco tiempo, pero sí cree imprescindible avanzar por ahí.

Antifraude , empleo, educación y sanidad

Podemos lamenta que CC haya esperado al año electoral para aplicar algunas medidas que plantean desde 2015, como el Igic al 0% para productos alimenticios básicos. Además, proponen que se cree una oficina antifraude y un comité científico a costear con una rebaja de sueldos y dietas de los diputados. En empleo, piden más ayudas para el autónomo y los emprendedores, subvenciones directas a la contratación estable y de calidad y planes específicos para jóvenes y mayores de 45. En sanidad, exigen un aumento de 300 millones sobre el gasto real de 2016, destinado principalmente al capítulo I del SCS y a incrementar el personal para combatir las listas de espera. También apuestan por una mayor inversión en el plan integral de salud mental y por reducir los conciertos sanitarios. Como hasta hora, en educación solicitan llegar a 4% del PIB en 2019, sin olvidar sus propuestas sobre energías limpias y por una sociedad mucho más plural e integradora.