El viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno canario, Francisco Candil, demanda la agilización de las pruebas para detectar si un inmigrante es menor de edad o no, ya que actualmente se tarda hasta dos meses en disponer del informe de la Fiscalía.
Ese dato resulta fundamental para determinar si el inmigrante en situación irregular queda bajo la tutela del Gobierno canario y la guarda de un Cabildo, o bien se le traslada a un centro de internamiento de extranjeros a la espera del proceso que le permita quedarse en España o repatriarlo a su país. Candil señala que, actualmente, el convenio firmado entre las corporaciones insulares y el Ejecutivo autónomo, que data de 2002, permite acoger en el Archipiélago a casi 250 adolescentes en unas condiciones adecuadas y conforme a la legislación.
En base a dicho acuerdo, Gran Canaria puede acoger a 87; Tenerife, 82; Lanzarote, 29; Fuerteventura, 26; La Palma, 18, y La Gomera, 4. El repunte en la llegada de inmigrantes por vía marítima desde la costa africana ha activado las alarmas en el Gobierno canario, ya que si se mantiene el ritmo de las últimas semanas, en poco tiempo no habrá instalaciones suficientes en las islas para acoger a los menores de edad, según la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, y el propio Candil. La agilidad en la certificación de la minoría de edad permitirá tener más capacidad en las referidas dependencias. Y, para cuando se agoten estas, se solicita ayuda al Gobierno para facilitar su traslado a la Península.