Quizás lo hizo a conciencia para desmontar las previsibles críticas a que el de 2019 no es el presupuesto más social de la historia de Canarias, tal y como no para de recalcar el Gobierno y CC desde hace 10 días. Tal vez dijera la verdad y simplemente quería hacer un ejercicio de transparencia. Lo cierto es que, de una u otra manera, la consejera de Servicios Sociales, Cristina Valido, desconcertó ayer incluso a sus socios presupuestarios (sobre todo al PP) al explicar las cuentas de su área para el próximo año, al incluir en los distintos ámbitos cómo prevé distribuir los 56 millones programados para la nueva ley social.
Melodie Mendoza (ASG) fue la primera que preguntó por partidas que, curiosamente, decrecían frente a 2018, pero Luis Alberto Campos (NC) admitió desde el principio su total desconcierto porque las cifras que detallaba Valido no cuadraban con las que le habían pasado desde Hacienda. Incluso José Estalella, tras la ya tradicional entradilla del PP de por qué apoyan las cuentas (por la reducción de impuestos, para dar estabilidad o el gasto social), confesó que no entendía tanto descuadre.
Campos, eso sí, intuyó que Valido podía estar desgranando esos 56 millones, aunque, aún así, censuró que la PCI no suba nada y que los incrementos en ciertos ámbitos, salvo en dependencia, vivienda o empleo, sean leves, aparte de alertar o temer que no haya un verdadero plan contra la pobreza.
No obstante, fue María Teresa Cruz Oval (PSOE) la más crítica con la distribución aparente, censurando las reducciones en menores, discapacidad, dependencia (con 12 millones más que "solo" supondrá 1.500 nuevos beneficiarios) o, sobre todo, la de un 4% en inmigración, lo que contrasta con la gran preocupación de CC por el repunte de inmigrantes en Lanzarote o con "el aumento del 4% en fiestas". Además, la también socialista Lola Padrón censuraba el peso de las empresas privadas en uno de los programas de empleo.
Aunque ya Elena Luis había dado la clave y elogió a Valido por concretar los 56 millones, la consejera tuvo que explicar su estrategia, que justificó porque consideraba mucho más adecuado dar el detalle que seguir hablando de una bolsa de dinero para la nueva ley sin ninguna concreción. A partir de ahí, recalcó el acento social de las cuentas, pese a que no se incluyen los 42 millones del PIEC. Entre otras cifras, subrayó que las políticas sociales pasan de 449 a 561 millones, lo que representa un 24,8% de incremento. Además, se prevé 234,7 millones para el Servicio Canario de Empleo y Vivienda contará con 3 millones más para alquiler, aparte de 4 para atender el coste de las plazas de atención a mayores en los convenios con los cabildos. No se olvidó de los 5,2 millones para la atención temprana, así como los 3 millones para la PCI y los 2 para que los consistorios contraten personal.
Sin embargo, su énfasis en este reparto de los millones de la ley no convenció a Josefa Luzardo (PP), quien le avisó de que, pese a los esfuerzos que están realizando modificando a fondo la norma, quizás no salga en lo que queda de mandato. Valido le respondió que espera que sí se apruebe y, en todo caso, cree mejor tener hecha la previsión y distribución.
Previamente, Noemí Santana (Podemos) cuestionó también buena parte del acento social del que habla CC y le recordó el nuevo Estatuto y su referencia a una renta para las personas en exclusión, invitándole a que le apoyen la enmienda sobre renta básica que presentarán.
CC niega que el superávit sea solo de 107 millones
Ya lo recalcó el portavoz de NC, Román Rodríguez, en la comisión del Hacienda del martes, pero ayer lo reiteró Gustavo Matos (PSOE) en la intervención de Barragán: según ambos, el superávit regional no es de 598 millones, sino de 107, cifra muy inferior que, según el socialista, crea muchas dudas sobre si se cumplirá con las miles de plazas de empleo público o las 35 horas laborales acordadas con los funcionarios, salvo que se supedite todo al presupuesto estatal. Frente a esto, la consejería de Hacienda insistió ayer a El Día en que el superávit lo han calculado bien y que, en ningún caso, miente o manipulan. Según su explicación, esos 107 millones se refieren solo a la diferencia entre ingresos y gastos (página 197 del tomo IV), lo que se conoce como saldo presupuestario no financiero. Sin embargo, se subraya que el superávit es una figura compleja que incluye conceptos como las liquidaciones del sistema de financiación o los ajustes de devengo por intereses, seguridad social o farmacia. Además, recalca que hay que cotejarlo con los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, con el que se calcula la contabilidad estatal.