El proyecto de presupuestos de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para el próximo año contempla una inversión de 4.869.284 euros para la promoción y prevención de riesgos laborales, lo que supone casi duplicar el importe consignado en 2018.

"Las acciones destinadas a favorecer la seguridad laboral en las Islas contarán con 2.342.972 euros más que el año pasado, en un afán por reforzar aún más, en estos momentos de crecimiento económico, todas las acciones que desarrollamos desde el Gobierno de Canarias, y siempre en colaboración con los agentes sociales y económicos, para mejorar la seguridad laboral y prevenir accidentes en el trabajo o enfermedades profesionales", explicó en un comunicado el director general de Trabajo, José Miguel González.

Este aumento se produce pese al descenso del índice de incidencia en más de un 6% durante el último año. Según González, "es fundamental, y un compromiso recogido en la Estrategia Canaria por la Seguridad y Salud fruto de los sextos Acuerdos de Concertación Social, atajar un posible repunte de accidentes laborales con el incremento de población trabajadora, en especial en los sectores más proclives".

La estrategia plantea acciones hasta el año 2020 con los objetivos generales de propiciar la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, reducir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales y avanzar en la implantación de una cultura preventiva.

El incremento presupuestario también permitirá invertir 1,9 millones en la finalización de las obras de remodelación de la sede del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), en Gran Canaria, y reforzar la dotación para avanzar en la séptima Concertación Social, en los que "la innovación, el conocimiento y el crecimiento sostenible serán las principales pautas", avanza González.

Con la apertura de este proceso de diálogo entre representantes sindicales y empresariales, amparado por el Ejecutivo, ya se han habilitado cuatro mesas de trabajo: una en la que se analizarán los servicios públicos relacionados con la capacidad financiera que ofrece la fiscalidad; otra sobre la simplificación administrativa, con el objeto de agilizar los trámites; una tercera sobre la formación profesional dual, en la que se pretende acortar el recorrido entre la formación y la empresa; y una cuarta sobre igualdad y brecha salarial en la que se analizará la situación actual y su corrección.