El grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias detalló ayer la proposición de ley que promueve con el objetivo de que las Islas tengan una norma que busque la verdad, la reparación y la justicia con los menores robados a sus familias desde 1936, tras el golpe de estado del dictador Franco, hasta 2001, último año en que, pese a la supuesta plena implantación de la democracia, existen casos constatados en el Archipiélago de bebés y niños sustraídos a sus verdaderas madres y padres, especialmente desde instituciones como la tinerfeña Casa Cuna.
La iniciativa explicada ayer con pasión y casi sentimiento descarnado por Manuel Marrero, diputado que ha conocido e indagado en los últimos meses diversos casos, trata de ir más allá de la ley regional de memoria histórica, que vive ya sus últimos trámites tras alcanzar un acuerdo genérico todas las fuerzas, si bien a Podemos no le convencían algunos aspectos o, más bien, carencias. Sobre todo, que el límite para ser amparados por esa norma sea el año 1978, cuando se aprueba y entra en vigor la Constitución, dejando fuera así los numerosos casos posteriores comprobados.
Según remarcó Marrero, pretenden que haya una verdadera reparación a estas personas y sus familias, lo que incluiría una compensación económica única, y no como pensión que, por ejemplo, sí cobraron desde la guerra los que lucharon en el bando reaccionario y fascista por cualquier afección física en el conflicto.
Marrero, que subrayó la relevancia de las denominaciones, explicó que habían pensado usar en el nombre de la ley la expresión "bebés robados", pero la cambiaron en consenso con varias asociaciones de afectados porque se conocen casos de niños arrebatados con 8 años. Además, subrayó que muchos están conociendo su verdadera historia en los últimos años y, en algunos casos, por deslices o confesiones de las madres de esta retorcida y dramática acogida por su estado ya senil.
Asimismo, recalcó que muchos menores fueron llevados al extranjero, cree que la administración debe costearles todo lo relativo a sus investigaciones, espera que dé tiempo a aprobarse la ley y censura que buena parte de estos casos fueran impulsados en Canarias por el caciquismo que siguió al golpe de Franco y amparado o silenciado luego por familias herederas de ese sistema, "que todos conocemos".
Satisfacción en los colectivos Sin Identidad
Los colectivos Sin Identidad, que han abanderado la lucha de los menores robados en las Islas desde hace años, acogen "con esperanza" esta propuesta de ley que, según recalcan en un comunicado enviado a este periódico, "trata de dotar de mecanismos eficaces a nuestra compilación de datos y amparar, institucionalmente, las investigaciones que llevamos desarrollando para la acreditación integral de la verdad contextualizada de los hechos que buscan las víctimas". Según señalan, los redactores de la propuesta han recogido "aspectos esenciales que estas víctimas vienen demandando desde hace años y que, hasta ahora, han sido ignorados". En su opinión, se trata de delitos que merecen y deben ser reconocidos, corregidos y reparados legalmente, pero "sin los parches legales que se han venido aprobando hasta ahora". Sin Identidad agradece el apoyo de los políticos que se les han unido y espera que la iniciativa prospere en este mandato regional. Además, están convencidos de que, de ser así, el texto podría servir de referente estatal para otros colectivos y afectados que están luchando por lo mismo desde hace mucho tiempo sin recibir, en muchos casos, el respaldo necesario y suficiente.