El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, detalló ayer la memoria de la Fiscalía en las Islas durante 2017 en la comisión parlamentaria de Presidencia y reconoció que existe demoras y retrasos en casos de gran relevancia social, jurídica o mediatiza que contribuyen al descrédito del sistema judicial. Es más, aseguró que "no hay justicia penal (pase lo que pase con la sentencia) cuando el procedimiento se demora en exceso, doce o trece años", por lo que pidió a todos los estamentos autocrítica y que se reflexione sobre esto. En su opinión, se debe replantear la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, "preservando" los derechos fundamentales, pueda comenzarse a recortar los plazos.
Garrido reconoce también que algo funciona mal cuando, de más de 200.000 procesos abiertos por la Fiscalía en 2017, solo fructificó el 12%, con un escaso 3% que acabó en juicio y fallo. Además, reclama modernizar la oficina fiscal para rentabilizar más la valía de los funcionarios, sobre todo en Tenerife.
Los grupos lamentaron, entre otros, los datos de violencia machista, menores, tráfico y el insuficiente personal de la Fiscalía. Sobre mayores, Garrido critica el estado de ciertos centros privados.