La comisión de Política Territorial permitió ayer, por primera vez, que los integrantes del Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y el Fomento de la Economía Circular y Azul en Canarias, órgano integrado por 7 especialistas y creado a principios de este año, que no percibe remuneración y que asesora directamente al presidente regional, se dieran a conocer en el Parlamento isleño y ofrecieran su visión de cómo está abordando el Archipiélago estos retos. En realidad, y a petición de CC, solo habló su coordinador, Aridane González, quien reiteró varias ideas fuerza que cree claves: por ejemplo, que se necesita, cuanto antes, una ley autonómica sobre cambio climático y que, emulando a países como EEUU, hay que habilitar estaciones medidoras que permitan controlar la evolución de un fenómeno ya inevitable.

Ante el escepticismo de diputadas como Nayra Alemán (PSOE), quien ya no cree en las medidas regionales contra el cambio, González recalcó que se necesita dejar a un lado las visiones partidistas y trabajar con las máximas sinergias porque, a su juicio, todos coinciden en el problema que implica este proceso hacia otra realidad climática, y más en islas. Un fenómeno que, según remarcó, se pudo evitar hace 50 años, pero que, ahora, solo podemos "paliarlo".

El coordinador aclaró que no tienen problema con no cobrar porque conciben esta colaboración como parte de su papel como investigadores universitarios. Asimismo, resaltó la importancia de regular el uso del mar y, si bien aclaró que los vertidos de aguas negras no deben vincularse al cambio, también asesoran sobre esto y ha de ser una de las prioridades. Otra de sus aportaciones destacadas fue quitar hierro a las cianobactarias; es más, las cree positivas.

Empresas ilegales de áridos en Gran Canaria

Antes de González, la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, compareció para explicar la situación de las 4 empresas de tratamiento de áridos que operan desde los años 60 en el barranco de Tirajana, en Gran Canaria. A petición de Podemos, grupo muy preocupado por los vecinos, Barreto insistió en que las compañías tienen expedientes abiertos por no contar con todos los permisos necesarios para su actividad, aunque, de momento, están bloqueados porque existe un proceso judicial.

750.000 euros para el efecto del hurón y cabras

En respuesta al PSOE, la consejera también detalló que disponen de 750.000 euros para luchar contra los efectos de los hurones y las cabras descontroladas en parajes protegidos. El PSOE se mostró muy preocupado por La Gomera.