El portavoz de CCOO Carlos Lemes denunció ayer el "escaso o nulo" interés de la Fecam (Federación Canaria de Municipios) por la seguridad que afecta a los ciudadanos y agentes municipales de Canarias. Lemes aseguró ayer que para la Comisión de Coordinación de Policías Locales del Archipiélago estaban convocados desde hace diez días cinco representantes de los ayuntamientos, pero a la reunión de ayer "solo acudió uno" y, además, "se marchó antes de que acabara".

Para el sindicalista, "esta es la responsabilidad e interés de los alcaldes por la seguridad" ante el máximo foro sobre este ámbito que convoca el Gobierno canario. Dicho órgano tenía ayer el objetivo de aprobar los criterios de uso de armas y medios defensivos por parte de policías locales. Carlos Lemes lamenta que "después los responsables de la Fecam dicen que con ellos no se cuenta y CCOO dice que es mentira; y lo de ayer demuestra lo que decimos desde hace un año". "Eso es reírse de la seguridad ciudadana y de los ciudadanos", asegura.

La nueva norma para que los agentes municipales utilicen armas de fuego, el dispositivo estático de control (DEC) o pistola Táser (que lanza cables para efectuar una descarga eléctrica en la persona que se quiere reducir), sprays, grilletes o defensas, entre otras cosas, se aprobó ayer por unanimidad. El documento original en que se basó el proyecto fue presentado hace aproximadamente un año por parte de las organizaciones CCOO y CSIF. Sobre ese texto, los representantes del Gobierno canario, del sindicato UGT y de las administraciones municipales han hecho diferentes propuestas, para renovar la norma anterior, que data de hace 17 años. Ahora se prevé que la publicación del proyecto en el Boletín Oficial de Canarias (BOCA) se realice en febrero del próximo año.

Carlos Lemes recuerda que el spray que usan los policías locales está homologado por el Ministerio de Sanidad y debe tener una utilización exclusiva por cuerpos de seguridad. Tanto el spray como la pistola Táser están previstos para poder detener o reducir a aquellos individuos con un extremo nivel de violencia, que posean un arma blanca o que, por ejemplo, intenten cometer una "autólisis" (suicidio). La aplicación de tales herramientas tiene como objetivo no aplicar otros medios más lesivos. Lemes dice que el Archipiélago es una de las primeras comunidades autónomas del país que poseen un texto para regular el uso de los citados instrumentos. Los criterios para su aplicación son los de "congruencia, oportunidad y proporcionalidad".

El texto fija que el uso de chalecos antibalas será obligatorio, ya que hasta ahora solo es voluntario. Se establece que los agentes y mandos deberán realizar prácticas de tiro cada seis meses, pues hay municipios donde los funcionarios llevan años sin llevar a cabo este tipo de ejercicios. También los policías locales deberán actualizar cada seis meses los conocimientos y el uso de sprays, grilletes, defensas o el DEC. Y los vehículos patrulla, además de desfibriladores, deberán llevar material térmico para auxiliar a accidentados, así como mantas y guantes ignífugos para actuar en caso de incendios en viviendas o vehículos.