Se estima que alrededor de 300 canarios tienen implantada una prótesis de cadera en malas condiciones. Un defecto que provoca el detrimento del hueso al estar expuesto a partículas de cromo y cobalto que la prótesis desprende cuando el acetábulo (cavidad de la cadera) roza con el cotilo (cabeza del fémur artificial).

Pedro Pérez y Juan Zepra son dos de estos afectados. Pérez, que fue operado en 2010, relata que justo después de la intervención se le hinchó la pierna y empezó a sentir "opresión en el pecho". Tras estar en una lista de espera dos años, fue operado de nuevo en 2016, cuando se le extrajo la prótesis defectuosa para poner una más grande, de la cadera a la rodilla.

Desde el año 2010 -al menos en Canarias- las nueve compañías que suministraban este material a los hospitales han ido dejando de hacerlo paulatinamente. No obstante, los afectados siguen luchando por conseguir que se les indemnice por todos los daños que les ha provocado.

Y es que el desprendimiento de estas partículas puede conllevar a distintas consecuencias, que van desde el desarrollo de un cáncer hasta el ataque a órganos diana, todo ello pasando por infecciones que provocan que el hueso se deteriore. Según el letrado que lleva 40 de estos casos en Canarias, Emilio Ortiz, "cuando el cirujano años después vuelve a abrir la pierna, se encuentra con chapapote, con un hueso que tiene que limpiar y cambiar por un vástago cada vez más grande".

Pero el daño ya está hecho. Por mucho que se cambie la prótesis, la zona queda débil y es más propensa a las infecciones. "El siguiente paso es la silla de ruedas", lamentó Ortiz durante una rueda de prensa celebrada en el día de ayer.

En esta convocatoria, el abogado aseguró que tienen nuevas pruebas contra la compañía Johnson & Johnson. Una nueva vía que, de ser constatada, podría obligarle a admitir la responsabilidad en estos casos, ya que, desde hace un año, son los servicios sanitarios públicos los que se deben hacer cargo de las operaciones complementarias de estos pacientes.

Esta prueba estaría, concretamente, en el etiquetado de calidad de las prótesis, ya que no contienen, según el abogado, "el marcado CE ni tampoco los elementos que exigen la normativa europea y nacional respecto al nivel de identificación del producto".

Teniendo en cuenta esta nueva información, se abre la puerta a denunciar por vías que aún no han sido utilizadas. Hasta ahora, el despacho de abogados se remitía al decreto de consumidores y usuarios. El documento legislativo establece un plazo de 10 años para recurrir desde la implantación primaria de la prótesis, una actuación que concluyó en agosto de 2017.

Por esta razón y si se constata esta información, las reclamaciones podrían remitirse al principio de la seguridad del paciente, incluido en varias leyes y decretos.