El sindicato UGT ha expresado hoy su respaldo a la iniciativa de Comisiones Obreras (CCOO) de reclamar al Gobierno de Canarias que cree un subsidio específico que ayude a "subsistir" a las empaquetadoras de tomates, que están en "una situación muy grave" al verse abocadas al paro más de seis meses al año por la caída de la producción y sus horas de trabajo.

Conceder una prestación de unos 420 euros al mes cuando no tengan actividad a las afectadas, un colectivo de unas 1.500 mujeres con una media de edad superior a los 50 años que, tras décadas dedicadas al sector, solo son llamadas actualmente a trabajar entre cuatro y cuatro meses y medio por ejercicio a cambio de un sueldo de entre 400 y 500 euros, quedando sin ingreso alguno el resto del año, es la propuesta de CCOO.

Sindicato que, al presentar ayer su demanda, ha argumentado que es "imperioso" atender las necesidades de este "colectivo de especial vulnerabilidad", que, al estar sujeto a contratos fijos discontinuos, no llegar a cotizar a la Seguridad Social medio año siquiera y carecer de formación para otras profesiones, ni puede cobrar prestaciones de paro ni tiene opciones de trabajar en otra cosa fuera de las campañas de zafra, que son cada vez menos y más cortas.

Por ello, estas mujeres sufren "una altísima precariedad laboral" que conduce a que los servicios sociales sean, en todo caso, la única vía por la que consiguen algún medio para su sustento y el de sus familias, ha asegurado el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González.

Ante sus palabras, UGT ha difundido hoy un comunicado en el que anuncia que "ve positiva la propuesta de CCOO de aplicar un subsidio de 420 euros a los trabajadores del sector tomatero".

Si bien matiza que la medida debería ir acompañada, a su entender, de otras destinadas a socorrer a otros trabajadores, pues, en caso contrario, "podría ser discriminatoria hacia el resto de sectores, que podrán beneficiarse de la modificación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) pactada en la Concertación Social".

"Lo que conlleva, necesariamente, que se suban las cuantías de la PCI actual y que sea indefinida con carácter urgente", apostilla.

UGT sostiene, además, que "estas medidas, con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, deben aplicarse de forma urgente a través del Gobierno de Canarias, mediante la aprobación de un decreto", sin esperar a articularlas desde el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019, como ha propuesto CCOO.

Ya que, en las islas, "las altas tasas de pobreza son cuestión de urgente necesidad, y no de esperar a la aprobación del presupuesto de la Comunidad Autónoma ni a la aprobación de la Ley de Servicios Sociales", argumenta.