La Asociación de Cuidadoras de Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y Otras Demencias (Acufade) denunció ayer las "restricciones" que existen por decreto para solicitar ayudas para el cuidado de personas dependientes en el hogar.

Como expuso su directora, Elena Felipe Pérez, el Decreto 93/2014 del 19 septiembre, que regula el acceso a prestaciones en Canarias, en su artículo 22, establece la incompatibilidad entre las prestaciones económicas vinculadas al cuidado del entorno familiar (Pecef), y las prestaciones vinculadas vinculadas al servicio.

Esto, como argumentó Felipe Pérez, condena "a las personas mayores a elegir entre una u otra prestación si quieren ser cuidados en casa por sus familiares". La presidenta de Acufade reconoció que el Gobierno de Canarias está haciendo un esfuerzo en dependencia, pero lamentó el "escaso aprecio" que muestra "hacia las personas que cuidan".

"Por más que miramos, no vemos la alusión a nuestra figura en ningún programa ni proyecto específico", recalcó Felipe Pérez. En este sentido se refirió a la Estrategia de Abordaje a la Cronicidad de la Comunidad Autónoma donde tan solo se hace alusión a las personas que la cuidan, "en la línea estratégica 2, prevención de la enfermedad, en la categoría de iniciativas".

"¿Cómo es posible que una sociedad del primer mundo casi penalice a las personas que dicen sí a los cuidados?", se preguntó la directora. Asimismo, advirtió de que faltan servicios de proximidad y preguntó a los diputados "dónde quieren envejecer, si en una residencia o en su entorno", y si es esta última, se debe mejorar el servicio. Felipe indicó que no hay ningún tipo "de maldad política" a la hora de tratar al colectivo a las cuidadoras, pero que este perfil ha estado a la sombra y ha sido invisible, desprovisto de atenciones. En este sentido recordó que hay familias que soportan un coste anual de entre 30 y 35.000 euros para atender a sus parientes, y que este sería mucho menor si se llevara a cabo en el domicilio.

La demencia afecta a 30.000 canarios

El catedrático de Biología Celular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, advirtió de que en Canarias hay unas 30.000 personas afectadas por demencia y de ellas, casi el 40% están sin diagnosticar, "tiradas y arrimadas no se sabe dónde". Para diagnosticar a ese porcentaje de personas no diagnosticadas habría que recurrir a la Atención Primaria porque están "escondidos, en su casa, y hay que sacarlos, y para eso funciona el equipo de salud", indicó José Regidor, quien se mostró totalmente en contra de que la asistencia se base en voluntarios. El también exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, confesó que se sintió "completamente chafado" con la ley de dependencia, dijo que en general los recursos disponibles en este ámbito son escasos y poco conocidos, y planes obsoletos o que en su mayoría no se han llegado a implantar. Indicó José Regidor que en Canarias se han hecho "cosas", como una guía de práctica clínica en alzhéimer en la que él también participó pero que ha tenido "muy poco uso", y consideró que "al menos" en los grandes hospitales de las islas hay unidades de demencia. Añadió que solo invirtiendo ahora se podrán administrar los costes sociales futuros y citó cifras según las cuales el 48 % de las cuidadoras -pues es una labor predominantemente femenina- desarrolla enfermedades crónicas y discapacidad, y solo el 32% de ellas tiene la vida social que le gustaría.