La Audiencia de Las Palmas ha condenado a cinco años de cárcel al empresario José Vicente Montesinos y año y medio de prisión al interventor de La Oliva (Fuerteventura), Carlos Sáenz, tras considerar probado que desviaron en su beneficio 442.489 euros de la hacienda municipal.

En concreto, la sentencia da por acreditado que ambos se pusieron de acuerdo para hacerse de un modo irregular con la gestión del servicio de recaudación de los impuestos del ayuntamiento del norte de Fuerteventura a través de la empresa Tributos La Oliva, en una operación que acabó contando con la colaboración del entonces concejal de Hacienda del municipio, Guillermo Morera Santana.

Como mantenía la Fiscalía de Canarias, La Audiencia declara probado que Montesinos y Sáenz desviaron en su beneficio parte del efectivo que la empresa recaudaba como si fueran ingresos de su actividad, cuando en realidad se trataba de fondos públicos.

El tribunal condena tanto a Montesinos como a Sáenz como autores de un delito de malversación, aunque en el caso del funcionario le reconoce el beneficio de una atenuante de confesión, como propuso el fiscal después de que admitiese en el juicio su responsabilidad

En el caso del exconcejal Morera, la sentencia le impone una condena de siete años de inhabilitación por prevaricación.

El fallo condena a Montesinos y Saez a indemnizar de forma solidaria al Consistorio de La Oliva con los 442.489 euros de los que se apropiaron, más los intereses legales que genere esa cantidad hasta que la satisfagan por completo.

La Audiencia de Las Palmas ha difundido a los medios la sentencia de este caso de corrupción municipal borrando de ella los nombres de los condenados, a pesar de la condición de cargo público que desempeñaban dos de ellos (interventor y concejal).

La decisión de que se haya proporcionado a la prensa una versión mutilada de esa sentencia pública ha sido adoptada por la secretaria de la sección segunda de la Audiencia Provincial, que interpreta que la Ley de Protección de Datos le obliga a ello.