El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, no asistirá este sábado a la firma del convenio de carreteras con el Estado prevista para las 10:00 horas en la sede del Ministerio de Fomento, como muestra de rechazo al documento aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

En representación del Ejecutivo canario participará el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, quien aprovechará el acto con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para solicitar la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo que reconocen el derecho de Canarias a percibir 945,5 millones de euros por los incumplimientos arrastrados entre 2012 y 2017.

Rodríguez ha señalado que es una "buena noticia" que se vaya a rubricar "por fin" este acuerdo, un documento "necesario" para dotar de cobertura económica plurianual y jurídica a las obras, si bien ha insistido en que "se haga justicia" con Canarias y se ejecuten las sentencias del Tribunal Supremo.

En esa línea, ha dicho que Canarias "no va a ceder" ante el Estado ni se va a "quedar de brazos cruzados ante el incumplimiento de lo pactado en las últimas reuniones por parte del Ministerio de Fomento", de ahí que el Gobierno canario exija que se transfieran "cuanto antes" las dotaciones por lo incumplido del convenio anterior.

Según relata Rodríguez, el acuerdo bilateral entre Canarias y el Gobierno del Estado estaba compuesto de tres documentos, por una parte el nuevo convenio de carreteras, con una dotación de 1.200 millones de euros destinados a obra nueva de infraestructura viaria, con una vigencia de 8 años; la prórroga del convenio anterior hasta el 31 de diciembre de 2021 para la finalización de las obras que ya estaban iniciadas, y la firma del acuerdo extrajudicial por el que el Estado debe devolver a Canarias 945,5 millones de euros en cumplimiento de las cuatro sentencias del Tribunal Supremo.

Sin embargo, ha comentado, "días antes de la firma del acuerdo el Ministerio de Fomento vuelve a incumplir con Canarias, dejando en el aire el acuerdo extrajudicial que habíamos pactado".

El convenio aprobado este viernes recoge un importe total de 1.801 millones en los próximos ocho años, de los que 1.200 corresponden a la financiación de obra nueva, 101 millones para culminar los proyectos de la adenda de 2021 y otros 500 millones, en concepto de deuda reconocida por el Supremo, a abonar en ocho años.