A estas alturas de la película, quien más quien menos ya tiene en su cabeza una idea bastante aproximada de lo que supone para el Archipiélago la firma del convenio que ayer se rubricó en Madrid a regañadientes. La felicidad no es plena. No lo es porque la pelea ha sido larga y todavía faltan 345 millones de euros por llegar. Y es que si algo ha definido este "acuerdo" es el pulso, aún abierto, que han mantenido en los últimos meses las partes en conflicto. Así reflejó EL DÍA las interioridades de una herida que tardará en cicatrizar.

Los primeros episodios de este convenio de carreteras se extravían en el tiempo, pero resucitaron con fuerza el 26 de febrero de 2018. Ese día el Tribunal Supremo hizo público un fallo a partir del cual obligaba al Estado a abonar los 152 millones de euros que no transfirió de la anualidad de 2013 del plan y sucesivas. Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, señaló entonces que "se había cerrado un capítulo". Nada más lejos de la realidad. El Partido Popular y Coalición Canaria aún degustaban lo que se conoce como el "pastel de bodas" cuando la vida política de este país dio un inesperado giro de 180 grados. Fernando Clavijo no había pronunciado el discurso por el Día de Canarias -en el que destacó el espíritu luchador de los canarios a la hora de ir en busca de sus sueños- cuando en el Congreso de los Diputados se escucharon ruidos de sables: la cabeza del presidente estaba a punto de rodar a raíz de la primera moción de censura que prosperaba en España.

Pedro Sánchez (PSOE) expulsó a los populares de la Moncloa gracias a una ensalada de siglas políticas en la que no apareció el voto neutro de Ana Oramas (Coalición Canarias), pero sí el de Nueva Canaria. El diálogo entre los ejecutivos se enfrió con la inercia de un ciclo que transformó los acuerdos casi cerrados en papel mojado. Agricultura, Asuntos Sociales, Carreteras, Educación y el "cacareado" descuento del 75% para los billetes entre Islas y la Península acumularon incumplimientos que a día de hoy todavía no están subsanados al cien por cien: la prueba más evidente de esta "guerra" se vivió con el acto celebrado ayer en la capital de España.

Canarias lleva meses exigiendo unas partidas que no llegan, o en su defecto, se han visto recortadas por decisiones unilaterales que han acabado generando un mayor enfrentamiento entre Coalición Canaria y el PSC-PSOE. Y es que el debate nacional se tradujo en un fuego cruzado entre dos exsocios de gobierno que ahora intercambian acusaciones desde la trinchera preelectoral. "No voy a permitir que se pierda ni un solo euro de los que tienen que venir a las Islas", defendió el pasado jueves en la Cámara regional Clavijo. Frente a esa defensa a ultranza de los intereses de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSC-PSOE) y Asier Antona (Partido Popular), rivales del lagunero en las elecciones de la próxima primavera, exponen que el problema de gestión está en las Islas. Ese rifirrafe ha sido, sin duda, un motivo para la confrontación que ha ocupado muchas páginas de EL DÍA en los últimos meses. Ese incendio diálectico no parece que vaya a remitir en las próximas fechas. Al contrario, a medida que se acerque la cita con las urnas -no descarten aún unas generales- los ataques van a ganar intensidad.

Ana Oramas, que esta semana fue galardonada con el Premio Emilio Castelar al Mejor Orador del Parlamento en 2018, ha sido una de las más críticas con los socialistas. Sus intervenciones han sido dardos certeros que se han clavado en el centro de una diana que aún no ha definido todos sus círculos. Carreteras está encaminado, pero no cerrado. José Luis Ábalos, titular del Ministerio de Fomento, exalta el compromiso con el Archipiélago. Pablo Rodríguez, vicepresidente de Canarias, reclama permanecer en alerta frente al último recorte. Más de lo mismo. Las espadas siguen en todo lo alto a la espera de una tregua definitiva. Mientras tanto, Cataluña recibe nuevas prebendas.

Vea aquí la intervención de Ana Oramas (CC) en la que recrimina al Estado el "tijeretazo" en carreteras.